Los que siguen estos escritos saben cómo nos paramos en nuestros intentos por contar la Historia que hemos investigado. Es posible que alguno de los lectores crea que pudimos haber cambiado nuestras posiciones (supongo que los más impetuosos, de esos que nunca faltan, haya apostado un cambio rotundo de postura frente a los hechos), cuando solo buscamos la forma de seguir transitando por el mismo camino, o en la misma dirección, pensando en los múltiples inconvenientes que pudimos observar, desde que comenzó a saberse sobre la pandemia y sus múltiples vías erróneas o no. Sabemos que el tiempo histórico es complejo y tiene sus leyes, igual ocurre con otras cuestiones más vinculadas con lo que pretendemos hacer en algunos de nuestros tiempos, pero no debemos abusar de esas facultades de lo que hacemos: Aunque las distintas civilizaciones que en la historia del mundo han sido (mayas o incas, egipcios o asirios, griegos o romanos, chinos o indios) han contado el tiempo de una manera diferente, los historiadores, como científicos, no han tenido más remedio que ponerse de acuerdo para dividir la historia de un
modo más o menos consensuado y universal. Son las EDADES HISTÓRICAS: PREHISTORIA, EDAD ANTIGUA, EDAD MEDIA, EDAD MODERNA, EDAD CONTEMPORÁNEA. Que sea consensuado no significa que sea perfecto y que no esconda otras complejidades. Pero es un elemento, que reafirma que todo tiene un principio y un final. En las citas de los últimos artículos no existen escritos propios, porque los haremos en su oportunidad o en la que sea más conveniente. Aunque en realidad pueden existir o existieron y es seguro que lo harán en en su debido tiempo y lugar. Siguiendo el hilo de un pensamiento lineal y conociendo la verdad del conocimiento sobre el queso y los gusanos, cualquiera se puede sorprender que la misma persona que masacra un pueblo, unas décadas después puede otorgarle tierras y ello no significa que las acciones anteriores no hubiesen existido. Y esa es la complejidad de estos asuntos. Esas divergencias tienen su correlato en cuestiones más pequeñas, que pueden ser considerados ejemplos. Los pueblos originarios argentinos se reflejan en una cifra de 16 en los libros escolares, cuando los organismos y organizaciones internacionales indican la cifra de 34 y más, lo que significa un problema, no solo en torno a las verdades, sino traducidos en contenidos, que puedan ser usados en la vida común de los educandos.
https://www.rionegro.com.ar/repudian-un-manual-escolar-que-omite-al-pueblo-mapuche-1798010/
EL MUNDO INDÍGENA 2022 - INFORME
Argentina 348 IWGIA – El Mundo Indígena – 2022 Argentina es un país federal integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires, capital), con una población total cercana a los 45 millones de personas. El más reciente censo nacional de 2010 –se realizará un nuevo censo en 2022, con dos años de retraso por la pandemia– arroja un total de 955.032 personas autoidentificadas como descendientes o pertenecientes a pueblos indígenas. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos, aunque los procesos de recuperación identitaria son dinámicos y este número es variable. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en varios estados provinciales. Además, están vigentes, conformando el bloque de constitucionalidad, un conjunto de derechos humanos contemplados en diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Convenio 169 de la OIT tiene jerarquía supra legal (no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad) y fue ratificado en el 2000. Asimismo, en Argentina se encuentran vigentes, y tienen fuerza normativa, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Agudización de los conflictos territoriales En 2021, y en pleno contexto de pandemia, los conflictos territoriales se profundizaron debido a múltiples razones, atravesadas por el desconocimiento de los derechos indígenas. Entre algunas de ellas, en primer lugar, cabe mencionar el avance de las actividades extractivas en territorios indígenas. El caso de la provincia de Chubut es paradigmático. Si bien es una provincia pionera en la prohibición de la minería a cielo abierto, fruto de un plebiscito que en 2003 negó rotundamente la posibilidad de impulsar esta actividad de explotación, la legislatura aprobó, en diciembre de 2021, una ley de zonificación que habilitaba la minería en determinadas áreas –algunas de ellas habitadas por comunidades indígenas– Por el rechazo popular, las movilizaciones, los cortes de ruta, asambleas y paros, finalmente la misma legislatura derogó la ley que había sancionado unos días atrás. PARTE 1 – Informe por regiones y países – Argentina 349 En segundo lugar, la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena (Ley 26.160 y tres sucesivas prórrogas) perdió vigencia el 23 de noviembre de 2021. Debía darse una cuarta prórroga a través del debate parlamentario que la sancionara, en espera de una imprescindible y postergada Ley de la Propiedad Comunitaria Indígena. Vale la pena recordar que esta ley de emergencia –austera y breve– ordena el relevamiento técnico jurídico catastral de los territorios reivindicados por las comunidades indígenas, y suspende los desalojos hasta tanto se lleve adelante estas tareas de mensura. A pesar de que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, no llegó a discutirse en Diputados. De esa manera, la prórroga se otorgó a través de un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo. Si bien este decreto tiene fuerza normativa y se “asimila” a una ley emanada del Congreso, lo cierto es que la imposibilidad de obtener una prórroga por un debate de los representantes parlamentarios ha socavado su legitimidad, y ha significado un retroceso en el estado de situación normativo. Sería deseable y esperable que en el 2022 pueda discutirse nuevamente la prórroga para que sea otorgada por la decisión de los representantes, o bien –el mejor escenario posible– pueda empezar a discutirse la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. En tercer lugar, la criminalización y el hostigamiento de las comunidades indígenas, precisamente por sus demandas territoriales, volvió a causar la muerte de un comunero del pueblo Mapuche, Elías Garay, asesinado por dos personas de civil. Además, se hirió de gravedad a un segundo comunero, en un contexto en que la comunidad se encontraba cercada por fuerzas de seguridad de la provincia. Es el caso de la recuperación territorial en el paraje de Cuesta del Ternero de la provincia de Río Negro, del Lof Quemquemtreu. Son territorios fiscales donde el gobierno otorgó una concesión a un particular para forestar, que son reclamados por la comunidad. En la actualidad existe una orden de desalojo pendiente, y los miembros de la comunidad son perseguidos judicialmente por usurpadores. En la provincia de Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación, mediante resolución 2261/2021, estableció un Protocolo para abordaje en conflictividades de tierra y las comunidades indígenas, pero existen permanentes denuncias por incumplimiento. Así, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) denunció intrusiones en la Comunidad Tusca Pacha Los Alisos, pertenecientes al pueblo Kolla, Departamento de Palpalá. Los derechos territoriales de la comunidad siguen comprometidos, más allá de la normativa provincial vigente. Por último, y en un raconto sucinto, existen tensiones manifiestas entre decisiones judiciales que protegen los derechos indígenas, y otras que 350 IWGIA – El Mundo Indígena – 2022 claramente los desconocen. Así, en un caso paradigmático de un conflicto territorial en la provincia de Río Negro, entre la comunidad indígena mapuche Lof Che Buenuleo y un particular, encontramos decisiones judiciales que traducen dicha tensión. Por una parte, a nivel federal, y dado que intervino el INAI otorgando la carpeta que acredita el relevamiento técnico jurídico catastral que ordena la Ley 26.160 ya mencionado, una instancia reconoce el acto administrativo, condenando “(…) al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a que en el plazo de 90 días, contados a partir de que la presente adquiera firmeza, a realizar la mensura de las parcelas georeferenciadas en el expediente administrativo 2020-61169031-APN–INAI#MJ y que, concluido ello, ejecute los actos tendientes a la instrumentación de la propiedad comunitaria en favor de la comunidad accionante (…)”.1 Pero otra instancia judicial desconoce la resolución del INAI, considerándola nula.2 Por otra parte, en sede penal, y a partir de la acusación por usurpación a miembros de la comunidad, el Tribunal de Impugnación de la provincia decidió el sobreseimiento definitivo, afirmó que la cuestión de fondo no tiene que ver con la cuestión penal, y que debe resolverse en una instancia civil. A su vez, instó a la resolución del conflicto mediante el diálogo y la mediación. Los conflictos territoriales siguen siendo el núcleo de las controversias entre el Estado y los pueblos indígenas. El Estado sigue evidenciando acciones ambivalentes. Por una parte, a través, por ejemplo, de algunas políticas del INAI, otorga carpetas técnicas que reconocen la posesión territorial o denuncia la persecución y criminalización. Por la otra, hostiga y criminaliza mediante las fuerzas de seguridad, o de resoluciones del Poder Judicial a las comunidades indígenas que reclaman por sus derechos. El rol de las mujeres indígenas en la lucha por los derechos Las mujeres indígenas, cada vez más, son protagonistas de acciones que tienen que ver con el cuidado de los territorios y del ambiente. En marzo de 2021, organizaron una gran caminata provenientes de todas las geografías del país, que culminó en la Ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo (día que se conmemora la lucha por la independencia) con una consigna clara: “Basta de terricidios”. Las mujeres y los niños y niñas han sido, y son, los más afectados por la pandemia, la crisis sanitaria en general, los desalojos, la falta de agua, una alimentación inadecuada, el deterioro del medio ambiente, y los problemas estructurales en general. PARTE 1 – Informe por regiones y países – Argentina 351 En esa marcha de sensibilización a toda la ciudadanía, las mujeres indígenas transmitieron un mensaje de lucha por la libre determinación de sus territorios, de sus cuerpos, en definitiva, de sus pueblos. Otro de los objetivos principales de esta marcha fue “(…) que las mujeres indígenas, como ciudadanas y habitantes del territorio argentino, tengan su espacio para incidir en la construcción de políticas y decisiones públicas, que sus voces sean escuchadas y valoradas en la construcción de un hábitat justo y en armonía con su cosmovisión”.3 Las mujeres indígenas son transmisoras de la identidad, a través de la enseñanza de su lengua, de su cultura, de sus conocimientos a otras generaciones. Por otra parte, también sus referentes advierten que son víctimas de discriminación, racismo y machismo. Vale la pena señalar la construcción, desde las mujeres indígenas, de un feminismo comunitario –diferente del feminismo blanco– que las fortalece. Destacan que para la sociedad y el Estado no es lo mismo el femicidio de una mujer blanca que de una mujer indígena.4 Las violencias interseccionales que sufren las mujeres indígenas son cada vez más visibles, y las estructuras que las sostienen deben ser combatidas de una manera radical, algo a lo que apuntan las acciones del Movimiento de Mujeres por “el Buen Vivir”. Un caso paradigmático de la lucha por el territorio indígena es el caso de Isabel Catrimán en la provincia de Chubut, en un paraje denominado Laguna Larga, ubicado en la cordillera. Si bien la disputa es sobre supuestos territorios fiscales “cedidos a particulares”, ella y su familia viven desde hace dos décadas en el lugar, con un acuerdo de palabra con el anterior poseedor. Llevaron adelante innumerables mejoras, construyeron su casa, tienen sus animales y huerta. En plena pandemia, Isabel enfrenta la llegada de “nuevos compradores” que con intereses inmobiliarios (el territorio se encuentra lindero a un Parque Nacional, y está ubicado en un lugar privilegiado para el turismo) pretenden que lo abandone. Actualmente, Isabel –de casi 80 años– sigue siendo hostigada, el conflicto se encuentra judicializado, y enfrenta un escenario de incertidumbres. Sin embargo, Isabel Catrimán resiste y es un ejemplo de la lucha por su territorio. En septiembre de 2020 se llevó adelante un trawn (encuentro) en su territorio, en donde participaron comunidades indígenas de la región que acompañan la reivindicación de Isabel, e instituciones del Estado provincial y nacional (Defensoría de la Provincia de Chubut, Defensoría General de la Nación, Dirección de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) para delinear acciones de defensa del territorio en toda la región. 352 IWGIA – El Mundo Indígena – 2022 Desconocimiento de derechos indígenas y surgimiento de “discursos de odio” Resulta preocupante que en 2021 se dieron determinados hechos, que aislados desde ya que son graves, pero que sumados generan un escenario de retrocesos en término de derechos, y de instalación de un “discurso de odio”, racista, estigmatizante y discriminador. Este discurso representa una señal clara de que etapas que se pensaban superadas argumentativamente y en la práctica, siguen ancladas en el pensamiento de un sector social, que insiste en la solidificación de un Estado hegemónico, monocultural, y excluyente. Como ejemplo de la reflexión anterior, vale la pena mencionar lo que sucedió en noviembre de 2021, cuando Olga Curipan –autoridad de la comunidad lof Kuripan Kayuman y miembro del Consejo de Participación indígena– fue víctima de un atentando con una bomba molotov por un grupo identificado como Comando de Restauración Nacional, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. El hecho ha sido denunciado públicamente por el INAI. También merece la pena destacar la realización de un encuentro público denominado Primer Foro Consenso Bariloche. Por una Patagonia sustentable y en paz, que se autodefine como un espacio multisectorial de diálogo5 para abordar la temática de la entrega de tierras públicas y fiscales y el impacto ambiental, entre otros temas. Este espacio reúne participantes de distintos ámbitos: abogados y abogadas, periodistas, legisladores, vecinos y vecinas, el sector turístico, entre otros actores. Aunque, en apariencia, este tipo de espacio es bienvenido en las actuales circunstancias de conflicto permanente alrededor de las tierras, lo cierto es que el espectro que lo conforma es sesgado, y su posicionamiento ideológico es claramente contrario al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Pero no sólo se discute en estos términos en el sur del país. Por el contrario, el rechazo a los derechos indígenas se da en todo el espacio geopolítico de Argentina. Así como se organizó este encuentro en Bariloche, se convocó a generar un espacio de similares características en la provincia de Tucumán. Este “Primer Foro Consenso Tucumán sobre Seguridad Rural” fue organizado por PRODECO (Asociación Civil para la Protección, Desarrollo y Cooperación de la Propiedad Privada), y su objetivo fue visibilizar los conflictos por la tierra relativos a la propiedad privada y a la propiedad comunal indígenas y analizar los alcances de la Ley 26.160.6 Estos “supuestos espacios de diálogo”, en definitiva, instalan social- PARTE 1 – Informe por regiones y países – Argentina 353 mente el desconocimiento de los derechos territoriales indígenas, interpretan que cualquier reclamo por la tierra de las comunidades –traducido en recuperaciones– debe ser entendido como un delito de usurpación, y promueven la asociación de productores agrícolas y ganaderos para repeler cualquier “intrusión” en lo que ellos consideran que son sus tierras. Conclusiones El 2021 presentó un agravamiento –si eso es posible, dadas las circunstancias tan adversas de los últimos años– de los conflictos territoriales. A las disputas con privados, a las concesiones que otorga el Estado nacional y Estados provinciales a las empresas para el avance sobre territorios indígenas, se le suma el debilitamiento de un marco normativo que sigue siendo robusto a nivel internacional, pero que se mantiene austero en el ámbito doméstico. Esto se debe a que en los últimos años ha sido prácticamente imposible discutir en el Parlamento una ley de fondo que regule los derechos territoriales, y la ley de emergencia debió ser prorrogada –dada su pérdida de vigencia– por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Las disputas en territorio, por acciones de recuperación que encontraron en los Estados provinciales una respuesta violenta a través de sus fuerzas de seguridad, se complejizaron por la situación de pandemia y por las dificultades estructurales que demuestran que otros múltiples derechos son vulnerados, como el derecho al agua potable, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al a educación, y así sigue una lista interminable de obligaciones estatales incumplidas. No solo se vuelve recurrente la vulneración de derechos, sino que se van creando los escenarios propicios para que se generalice la mirada de que esos derechos “no existen”, o son relativos, o no corresponden al sujeto que los reclama. Así, se vuelve a poner en tela de juicio, por ejemplo, si los mapuche son argentinos (o si son simplemente chilenos), si los territorios indígenas deben ser indígenas, incitando discursos que profundizan la discriminación y el racismo que siguen estando fuertemente presentes. En este contexto adverso, las mujeres indígenas demuestran una conexión inequívoca con el territorio. Ambiente, naturaleza, se entrelazan en las disputas, convirtiendo a las mujeres en protagonistas de las luchas territoriales –que en el fondo son luchas por todos los seres vivos– y se erigen como “cuidadoras” de todo el hábitat. Las mujeres indígenas van construyendo, colectivamente, otros feminismos, más cercanos a sus relaciones 354 IWGIA – El Mundo Indígena – 2022 con la Madre Tierra, y a sus miradas del mundo. Aún es muy difícil construir matrices estatales que respeten genuinamente los derechos indígenas. Si bien se advierten avances en el debate público, las organizaciones indígenas y las comunidades indígenas conocen sus derechos y profundizan sus demandas, los núcleos de resistencia para evitar su goce efectivo son transversales a todas las instancias estatales. Se van gestando mecanismos que obstaculizan su ejercicio lo que, en definitiva, trasunta un modelo estatal monocultural, que sigue denotando rechazo a la diferencia, fortaleciendo su génesis colonial. Notas y referencias 1. “Comunidad mapuche Buenuleo c/ Estado Nacional – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) s/ amparo Ley 16.986” (FGR Nº 24326/2019). Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, Río Negro, abril de 2021. 2. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala IV Exp. CAF 14374/2020 – Friedrich, Emilio c/ En-Instituto Nacional de Asuntos Indígenas s/ amparo Ley 16.986. Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021. 3. “Mujeres indígenas caminan en Argentina por el derecho a la tierra”. Ciscsa. https://www.ciscsa.org.ar/post/mujeres-indigenas-caminan-en-argentina-por-el-derecho-a-la-tierra 4. Lucía Ríos. “Mujeres indígenas: las luchadoras por la identidad y contra el racismo”. Telam, 5 de septiembre de 2020. https://www.telam.com.ar/no-h tas/202009/510411-al-conmemorarse-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena-las-luchas-que-reivindican-las-mujeres-indigenas-en-argentina.html 5. Gobierno de Río Negro. “Foro del consenso en Bariloche: Carreras abogó por el diálogo y repudió cualquier tipo de violencia”. 25 de agosto de 2021. https:// rionegro.gov.ar/articulo/38211/foro-del-consenso-en-bariloche-carreras-abogo-por-el-dialogo-y-repudio-cualquier-tipo-de-violencia 6. Apronor, “1º Foro Consenso Tucumán sobre Seguridad Social”. https://apronor. com.ar/1-foro-consenso-tucuman-sobre-seguridad-rural/ Silvina Ramírez es abogada. Doctora en Derecho. Docente de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo y de otras universidades de América Latina. Miembro de la Asociación de Abogados de Derecho indígena. Asesora Académica del Grupo Jurídico de Acceso a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. Directora del Programa Derecho Indígena del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Contacto: silvina. ramirez@gmail.com
https://www.iwgia.org/doclink/iwgia-libro-el-mundo-indigena-2022-esp/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1saWJyby1lbC1tdW5kby1pbmRpZ2VuYS0yMDIyLWVzcCIsImlhdCI6MTY1MTEyOTgwOCwiZXhwIjoxNjUxMjE2MjA4fQ.JAMbFFsO3IMNMluI0VChSGAauv0p6MqN-mxKIgOCx4Q
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