La provincialización postergada de la Patagonia Argentina (1955-1958)
Martha Ruffini y Luis Blacha
Martha Ruffini es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -Centro de Estudios de la Argentina Rural- Universidad Nacional de Quilmes / Universidad Nacional del Comahue, Argentina E-mail: meruffini@gmail.com
Luis Blacha es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -Centro de Estudios de la Argentina Rural- Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. E-mail: luisblacha@gmail.com
Resumen
La transición de territorios nacionales a provincias, iniciada durante el peronismo histórico (1946-1955), se analiza a partir de un enfoque histórico-sociológico que privilegia las continuidades y rupturas de la transición, tomando como estudio de caso los territorios de provincialización tardía (1955): Formosa y las gobernaciones patagónicas. Desde un enfoque basado en la sociología figuracional (Elias) y en la caracterización tridimensional del poder (Lukes) proponemos una periodización que da cuenta de las complejidades que atraviesa un proceso iniciado en un gobierno democrático el peronismo histórico pero que se desarrolla en el marco de la desperonización, proscripción y control estatal desplegados por la autodenominada "Revolución Libertadora". La gestación de las nuevas provincias resultó condicionada por la orientación impresa por el gobierno de facto, así como también por las dificultades institucionales y funcionales evidenciadas en las demandas de los interventores federales. Relaciones de poder asimétricas, objetivos divergentes y pretensión de homogeneización que desconoce tanto las peculiaridades regionales como las identidades locales, constituyen las variables de un proceso histórico de construcción provincial diferenciado y cuyo legado sobre la conformación socio-política de las nuevas provincias requiere aún ser debatido e interpretado.
Palabras clave: Transición; Poder; Provincias; Peronismo.
Presentación
En nuestro país, el análisis de los procesos de transición a la democracia ha sido aplicado al pasaje del régimen dictatorial al democrático iniciado en 1983, advirtiendo e interpretando las dificultades para reinstaurar la democracia como sistema y como estilo de vida después de la represión, la desaparición y el avasallamiento institucional del Estado producido durante la Dictadura Militar (1976-1983). La aplicación de este concepto como modelo y horizonte de expectativa para explicar la salida de los autoritarismos fue característica de los debates en el interior de las Ciencias Sociales-fundamentalmente de la Ciencia Política en la década de 1980 (Nun y Portantiero, 1989; Oszlak, 1984).1
Pero si bien la idea de transición a la democracia forma parte de los análisis de los procesos históricos latinoamericanos de la década de 1980 y ha generado múltiples conceptualizaciones e interrogantes sobre los diferentes tipos de transición y la inclusión de la "consolidación democrática" en este proceso (Mazzei, 2011)2, pensamos que es una noción que puede extrapolarse y aplicarse al estudio de otros procesos de cambio en los que se advierte la transición de un régimen a otro. Es el caso de la conversión de territorios nacionales a provincias que se produjo a mediados del siglo XX y que conllevó
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el pasaje de un régimen centralizado y con derechos políticos restringidos a un sistema político democrático y autónomo, con ciudadanos de derechos políticos plenos. Esta perspectiva teórica puede complementarse con la caracterización tridimensional del poder que realiza Steven Lukes (2007) quien destaca el carácter potencial y omnipresente como típico de las relaciones de poder. En el enfoque aquí propuesto, el poder incluye características de corte culturalista en el cual las interacciones entre gobernantes y gobernados se construyen utilizando los elementos culturales disponibles e históricamente acumulados.
El poder cobra, entonces, un carácter potencial acercándose a la perspectiva tridimensional del poder a la que cabe agregarle que se encuentra delimitado por la apropiación y resignificación de la cultura. El poder es una relación social de carácter omnipresente e indeterminado que debe interpretarse como "una aptitud o capacidad de un agente o agentes, que puede ejercerse o no" (Lukes, 2007: 67- 68). Con esta perspectiva, aquellos aspectos "ocultos" del poder se incorporan al análisis al igual que ocurre con la posibilidad de que el poder no se "presente" y que los gobernantes no lo "usen" sin que ello implique cambios en la asimetría propia de toda relación entre gobernantes y gobernados a favor de los primeros.
A partir del proceso formativo del Estado argentino (1810-1853), las provincias autónomas conformaron la base del esquema republicano y federal consagrado en la Constitución Nacional de 1853/1860. Los espacios no organizados como provincias y bajo dominio indígena fueron considerados sucesivamente tierras nacionales (1862), gobernaciones militares (1872) y finalmente territorios nacionales (1884), organización centralizada de inspiración norteamericana normado por la ley orgánica de territorios nacionales Nº 1532.3 En estos formatos sucesivos, el gobierno nacional se auto-asignó el control administrativo, político, económico y social de estos espacios que se convirtieron en verdaderos apéndices del Estado nacional. Esta situación se mantuvo hasta la década de 1950, aún cuando la ley estipulaba taxativamente que la conversión en provincias debía realizarse una vez que el territorio alcanzara los sesenta mil habitantes, cifra que para principios del siglo XX varios territorios ya habían superado.4
Advertimos cómo estas modificaciones en el sector administrativo se relacionan con los distintos niveles de complejidad organizacional de la estructura burocrática estatal. La potencialidad del poder encuentra en la maquinaria estatal los fundamentos para aumentar el alcance de las decisiones políticas que son el trasfondo de la relación gobernantes-gobernados.
La larga historia territorial implicó no sólo la persistencia de espacios centralizados dentro de un Estado federal sino también de habitantes que portaban derechos políticos restringidos, ya que residir en los territorios los inhabilitaba por incapacidad cívica para ejercer plenamente la dimensión electoral de la ciudadanía política: elegir y ser elegidos.5 La asimetría propia de las relaciones de poder conlleva desigualdades adicionales en estos espacios geográficos que no cuentan con centros administrativos autónomos. La evolución de las prácticas sociales referentes a "lo político" se muestra fuera del "tiempo" que se promueve desde el gobierno central para espacios con mayor poder en tanto capacidad de decisión autónoma.
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En este contexto, se incorpora al análisis la perspectiva figuracional que desarrolla, desde la sociología, Norbert Elias mediante los conceptos de psico y sociogénesis. Ambos actúan como trasfondo de las relaciones sociales, constituyéndose en un marco de certezas compartidas que generan un estado de "normalidad" de y para las prácticas políticas. En este estudio se incorpora a la perspectiva desarrollada por Elias una sociología más atenta a las relaciones de poder como parte constituyente de las relaciones sociales en espacios geográficos delimitados. Es un intento por combinar análisis de carácter macro social con estudios de corte micro. Norbert Elias propone analizar el entramado social a través de dos conceptos: la psicogénesis y la sociogénesis. En la primera, los cambios acontecidos a nivel individual tendientes a una mayor diferenciación social; mientras que la segunda refiere aquellas modificaciones de escala colectiva que posibilitan una mayor integración social. Ambos términos refieren a procesos dinámicos de continua construcción y reconstrucción que posibilitan un mayor control social, así como un autocontrol de las situaciones violentas. Refieren a la mayor predictibilidad de las interacciones sociales en tanto conforman un contexto de interacción que determina cómo los individuos se relacionan entre si. A este "trasfondo" de lo social Elias lo define como interdependencia y lo entiende como "una constelación de hombres recíprocamente entrelazados" (Zabludovsky, 2007: 30) en mutua dependencia. A través de la interdependencia, la sociología figuracional puede observar en un momento histórico determinado y geográficamente delimitado la evolución de los procesos de socio y psicogénesis.
En 1946 el acceso del coronel Juan Domingo Perón a la presidencia de la Nación trajo aparejada una modificación sustancial en la organización del Estado y en su articulación con la sociedad civil a través de importantes cambios en la relación entre gobernantes y gobernados. En el marco del modelo de "ciudadano integrado" en una comunidad organizada, el gobierno peronista decidió otorgar el derecho de voto a la mujer (1947) y a los habitantes de los territorios nacionales (1951-1955). Estas medidas significaron una ampliación sustancial de la ciudadanía política, concepto que cobró una entidad particular al constituir uno de los escenarios de legitimación del peronismo naciente. Se intentó poner en sintonía las prácticas políticas de estos espacios con aquellas desarrolladas en el resto de la Argentina.
La llamativa perdurabilidad de principios basados en la inferioridad e incapacidad cívica y hasta biológica, que fueron argumentados para justificar la exclusión política, había cristalizado en el sentido arendtiano en una situación de marginalidad de larga data. La decisión de inclusión política impulsada por el peronismo obturó una larga etapa de exclusión de vastos segmentos de la población que habían quedado en los bordes del sistema y cuya incorporación permitiría ampliar notablemente el padrón electoral y volcarlo decisivamente en favor del justicialismo. Como advertimos, se producen modificaciones en el fundamento de las relaciones de poder que conllevan un cambio de escala en relación con las actividades estatales y en la intensidad de las interacciones de los gobernantes para con los gobernados.
Se superó una ciudadanía limitada que sugiere una estrategia de "cerrazón" por parte de los distintos elencos gubernamentales para con estos individuos.
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El sociólogo inglés Frank Parkin conceptualiza el término weberiano de "cerrazón" como las estrategias defensivas que utiliza el grupo que controla un recurso considerado como preciado para regular el acceso a esos bienes (reales o simbólicos). Esta perspectiva puede asemejarse al concepto bourdiano de campus, aunque Parkin presta especial atención a las acciones de los gobernados para superar esta "cerrazón" a través de estrategias de solidarización que cuestionan aunque no eliminan la asimetría de las relaciones de poder (Parkin, 1974).
En el caso de los Territorios Nacionales, el peronismo histórico (1946-1955) los incorporó a la Nación mediante un proceso gradual que incluyó acciones simultáneas de peronización y difusión de la estructura partidaria justicialista así como de impulso a la participación de la mujer en la actividad política. En la reforma constitucional de 1949, los habitantes de los territorios fueron habilitados como electores de la fórmula presidencial y en 1951 la sanción de una nueva ley electoral introdujo representantes parlamentarios con voz pero sin voto. En ese mismo año se crearon las provincias de Chaco y La Pampa y en 1953 se provincializó Misiones. Estas provincias pudieron reunir sus convenciones constituyentes y elegir sus autoridades. Estas acciones estatales fueron en paralelo con las prácticas políticas que promovió el peronismo y que se diferenciaban notoriamente del fraude electoral que llevó a cabo el Estado intervencionista de los años 1930-1943.
En el caso de Formosa y los territorios del sur del país-Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz la provincialización se produjo en el último año del gobierno peronista (1955) mediante la sanción de la ley Nº 14.408 del 15 de junio. La ley estipulaba que Formosa, Neuquén, Río Negro y Chubut serían convertidos en provincias conservando por el momento su denominación original. En Santa Cruz su territorio pasó a formar parte de la "Provincia Patagonia".6 Una vez sancionada la ley, se dieron los primeros pasos para organizar las nuevas provincias. Pero pocos meses después, en septiembre de 1955, el presidente Perón fue derrocado por un golpe cívico-militar. La instalación efectiva de las últimas provincias creadas por el peronismo quedó en suspenso hasta las elecciones de gobernador realizadas en 1958. A la incertidumbre que conllevaba la caída del peronismo, en estos territorios debía ponderarse también aquellos que influían profundamente en el modo y la forma en que se constituían los canales políticos formales.
Consideramos que el abordaje de la transición a provincia de los territorios del sur (1955-1958) resulta fundamental para la comprensión de la inserción, muchas veces diferenciada, de las nuevas provincias en el esquema político nacional federal.7 El interrogante acerca del legado del período territorial sobre la estructura político-social de las nuevas provincias y las configuraciones identitarias, la modalidad de ejercicio del poder y construcción de la ciudadanía política desde el Estado provincial y la sociedad civil, debe analizarse partiendo de la etapa de transición, en la que se moldearon los rasgos de las nuevas provincias. No sólo durante este período se reorganizaron o instalaron partidos políticos sino que se produjeron desplazamientos y reposicionamientos en el interior de las fuerzas políticas que incidirán sobre la gestión de los primeros gobernadores electivos.
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Los elementos culturales, en tanto interacciones que conforman estrategias para superar la "cerrazón" que el gobierno central impone a estos ciudadanos "limitados", persisten y moldean las prácticas sociopolíticas luego de la caída del peronismo y en el momento clave de la constitución de las instituciones políticas formales con alcance provincial.
La relación peronismo-territorios nacionales del sur en la antesala de la provincialización ha sido trabajada a partir de las investigaciones realizadas por los cientistas sociales: desde las características generales del proceso de ampliación de la ciudadanía política (Ruffini, 2007, 2005), su imbricación con la idea de Nación y los rasgos que asumió el peronismo en los territorios de Río Negro y Neuquén (Rafart y Mases, 2003), Santa Cruz (Bona y Vilaboa, 2007; Macor y Tcach, 2003). Por su parte, la provincialización de Formosa ha sido trabajada desde una mirada crítica centrada en la participación popular y su relación con la cuestión identitaria y el partido peronista. (Alucín, 2005; Beck, 2001).
La etapa transicional, si bien ha merecido algunos análisis vinculados con territorios específicos como Neuquén (Blanco, Gentile y Quintar, 1998; Chávez de Watkins, 1985) o Río Negro (Iuorno, 2007; Entraigas, 1991), presenta una definición insuficiente de los alcances y desafíos concretos que presentó la transición y los rasgos comunes que presentaron las gobernaciones sureñas durante este proceso, las relaciones entabladas y objetivos compartidos.
En este artículo nos centraremos en la etapa transicional atravesada por los territorios del sur, elección fundada en que el conjunto de gobernaciones sureñas porta un trayecto histórico similar y diferenciado del Estado nacional y de los restantes territorios nacionales. Como colectivo formó parte del dominio jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires (1820-1878), integró posteriormente la gobernación de la Patagonia bajo la dependencia del Estado nacional (1878-1884) y en 1884 esta gobernación fue fragmentada en cinco territorios nacionales: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Es nuestro objetivo analizar cómo se produjo el pasaje de territorios a provincias, que modalidades asumió y que rasgos compartidos o distintivos presentaron las cuatro nuevas provincias patagónicas. Asimismo procuraremos caracterizar esta transición desde los debates teórico-conceptuales y su aplicación efectiva para la Patagonia Argentina. Se propone una perspectiva de la teoría social amplia que permita tanto la caracterización como el análisis de este proceso histórico fundante de la administración política y la constitución de los medios administrativos del Estado provincial. La Sociología, Psicología y Ciencia Política aportan elementos teóricos centrales que posibilitan este análisis de las relaciones de poder como un aspecto fundacional de los territorios nacionales, en un período de transición en la historia política argentina en la escala nacional y federal de su estructura administrativa.
La provincialización incompleta y la idea de transición
En 1955 un nuevo golpe militar lesionó la democracia argentina y provocó el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón. A partir de ese momento la alternancia entre militares y civiles cuestionó la legitimidad del sistema y tradujo la política del "juego imposible" característica del período y reveladora del "empate
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hegemónico" entre las fuerzas en pugna. Se produce una ruptura en la "normalidad" que el Estado intervencionista de los años treinta intentó construir conllevando una multiplicación de las funciones administrativas y una complejización de las relaciones de poder. Esta "normalidad" es producto de la construcción y reconstrucción que suponen las interacciones sociales compartidas que se desarrollan regularmente a lo largo del tiempo y que tienen lugar en un espacio determinado, tal como propone Norbert Elias.
Los nuevos vectores de la política manifestaron la intencionalidad de refundación de la democracia mediante la reforma del orden político y la erradicación del peronismo de la vida política, social y cultural argentina. Las herramientas utilizadas fueron la desperonización y la proscripción legal del justicialismo como marco para la política de disolución de la identidad peronista impulsada por los gobiernos de facto de los generales Eduardo Lonardi (1955) y Pedro E. Aramburu (1955-1958). Los elementos culturales jugaron en estas transformaciones un papel destacado en un doble sentido: sólo a través de su resignificación es posible el cambio y no es posible ningún tipo de ruptura por fuera de ellos.
La cultura es caracterizada en este trabajo desde la perspectiva amplia que desarrolla Sigmund Freud quien la define como "la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí" (Freud, 1999: 83). Esta caracterización tiene consecuencias psicológicas como sociales en tanto se convierte en el telón de fondo de las acciones sociales en un período histórico delimitado. A través de la cultura se establece un marco de certezas basado en un ideal de justicia que una vez establecido un orden jurídico, éste "ya no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho" (Freud, 1999: 88). Con esta seguridad se desarrolla el superyó como cénit de la internalización de la norma social y fundamento último de toda relación de poder. La sociología figuracional, por su parte, propone una perspectiva que supone un mayor grado de indeterminabilidad de lo social a través de la perspectiva no evolutiva propia de la psico-sociogénesis como proceso en constante dinamismo.
A través de los elementos culturales compartidos, disponibles en un tiempo y un espacio delimitado es que puede interpretarse a la organización social como reflejo de las relaciones de poder cuya asimetría sólo es posible mediante el uso de esos elementos culturales. El carácter "normal" referente a la actividad política supone una reelaboración de ciertas prácticas para que cuestionen la posición de privilegio de la minoría gobernante y se integre, a la vez, dentro de los canales de interacción que promueven los procesos de psico y sociogénesis. Tanto las reformas promovidas por el Estado planificador y dirigista como aquellas que intentan desperonizar a la sociedad argentina comparten un uso "creativo" de los elementos culturales disponibles a través de su apropiación y resignificación.
Dichos elementos integran la asimetría propia de las relaciones entre gobernantes y gobernados que acerca la propuesta del neomaquiaveliano Gaetano Mosca con su concepto de "fórmula política" como fundamento del orden social.
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Para este autor italiano la clase política fundamenta su lugar de privilegio a través de una "fórmula" compartida con los gobernados que se cristaliza en principios abstractos que justifican su posición de privilegio y es precisamente a través de los elementos culturales disponibles que puede constituirse este fundamento de la asimetría de las relaciones de poder. Las continuidades y los cambios pueden, por lo tanto, analizarse como disruptivos o inherentes a las relaciones de poder establecidas cuando interactúan con la fórmula política confirmándola o demostrando su pérdida de capacidad explicativa.
El quiebre institucional de 1955 produjo un paréntesis en la organización del formato institucional de las provincias patagónicas. En 1957 fueron convocadas las elecciones para la Convención Constituyente que debía definir el estatuto jurídico de las nuevas provincias. En febrero de 1958, en consonancia con las elecciones nacionales, se realizó la votación de gobernadores provinciales. Estas continuidades y rupturas en la "normalidad" de las interacciones sociales de carácter político se definen, indefectiblemente, por su relación con los procesos de psico y sociogénesis y su apropiación de los elementos culturales. Entre 1955 y 1958 el gobierno de la autodenominada "Revolución Libertadora" operó sobre estos espacios territoriales, propició su desperonización, produjo la separación de sus componentes justicialistas y el desplazamiento de los elencos gobernantes mediante persecuciones políticas y limitaciones severas de las libertades públicas. A la par de esta coyuntura política, se fueron delineando lentamente y con sucesivos avances y retrocesos los rasgos institucionales de las nuevas provincias. Las relaciones de poder imperantes suponen límites a los cambios sociales que la clase gobernante intenta imponer. En este sentido la fórmula política teorizada por Gaetano Mosca delimitaría las chances de que se concreten cambios sustanciales que conlleven una modificación sustancial de la estructura social y sus instancias administrativas (Mosca, 2002).
Como ya mencionamos, la idea de "transición democrática o transición a la democracia" fue utilizada para explicar el pasaje de un régimen autoritario a un régimen democrático. Pero la transición como concepto en sentido estricto nos habla de un momento de cambio, un intervalo entre dos situaciones estables y diferentes. (O'Donnell y Schmitter, 2010). Alude a los pasos que deben darse desde un punto de partida hasta un punto de llegada y contiene en sí las dificultades, riesgos y dilemas que debe enfrentar dicha transición. Si la transición es de carácter político, conlleva transformaciones en los valores, las normas y las reglas del juego político, plantea inclusiones y modificaciones en las prácticas e instituciones. Deben incorporarse al análisis teórico las relaciones de poder así como los elementos culturales compartidos para contextualizar estos pasajes y delimitar su alcance dentro del desarrollo inherente a los procesos de psico y sociogénesis.
Si la transición en su sentido lato significa un periodo de cambio entre dos situaciones estables podemos afirmar que entre el punto de partida-la situación territorial– y el punto de llegada-la efectiva vigencia de la autonomía provincial– el pasaje de territorios nacionales a provincias iniciado durante el peronismo, se realizó a nivel general en tres momentos diferentes: a) provincialización de Chaco y La Pampa (1951); b) provincialización de Misiones (1953) y c) provincialización de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagonia (1955).
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En las dos primeras instancias las tres nuevas provincias pudieron reunir sus convenciones constituyentes y elegir sus autoridades, iniciando un trayecto provincial que fue interrumpido por el golpe de 1955. Si bien estos procesos han sido cuestionados por el contenido de las constituciones dictadas8, es cierto que gran parte de la transición de estos territorios se hallaba prácticamente finalizada para 1955. La situación del tercer grupo de territorios convertidos en provincias presentó no sólo una transición diferenciada en el tiempo, alcances y modalidad del resto del elenco territorial sino también heterogeneidad en el interior de la etapa transicional, con sub-etapas diferenciadas vinculadas con los cambios dentro del Estado nacional durante el período de facto 1955-1958. Al dinamismo propio de la transición debe sumársele la incertidumbre de un cambio en el fundamento de las relaciones de poder luego de la caída del peronismo. A este grupo puede caracterizárselo como realizando una doble transición nacional y, a la vez, provincial. En el desarrollo y constitución de las instituciones políticas provinciales se harán presentes estas perspectivas de singular incertidumbre por partida doble que se reflejará en las relaciones de poder y en todas las interacciones sociales producidas en ese territorio. El atributo de incertidumbre transforma a los procesos de psicosociogénesis en herramientas destacadas de análisis por su énfasis en cierto grado de incertidumbre propio de las acciones sociales.
Al disponerse la provincialización, los territorios del sur presenciaron el final del largo período de centralización iniciado en 1884. Hasta 1955 carecieron de gobierno propio y vieron cercenada la posibilidad de asumir iniciativas fuera del control y la atenta mirada del poder político central. Su población había sido considerada ciudadana en lo atinente a sus deberes pero no en cuanto a los derechos políticos, vedados para las instancias electorales nacionales y ejercidos en forma discontinua y controlada en los escasos municipios electivos de los territorios del sur.9
El sistema político del "republicanismo tutelado" (Ruffini, 2007)10 imbuido de un centralismo absorbente, caracterizó las relaciones de poder entre el Estado nacional y los territorios durante casi setenta años. El mantenimiento del orden y la difusión de principios de nacionalidad mediante el Ejército, la educación y la Iglesia como sustrato ideológico de la dominación había sido parte de un intento de homogeneización de la sociedad que en muchos aspectos preanunciaba los rasgos más distintivos de los períodos de facto, fundamentalmente la dictadura militar-institucional de 1976. Se intenta moldear los procesos de psico y sociogénesis en una dirección determinada en un ámbito delimitado, pero estos límites no incluyen a los elementos culturales disponibles que permiten el establecimiento de interacciones sociales de alcance local y nacional con sus consiguientes relaciones de poder. La interacción entre el territorio nacional y el Estado debe enmarcarse analíticamente dentro de la tensión entre la cerrazón y la socialización.
La creación de una provincia implicaba un giro radical en la organización. Asumir la potestad provincial era abandonar el control estatal, elegir libremente sus autoridades, darse su propia constitución y con ella diseñar el Estado y planificar su presente y el rumbo futuro. La asimetría de esta relación de poder encarna en el Estado nacional al monopolio del reconocimiento legítimo que permita (o impida)
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la constitución de una provincia; limitando las estrategias del territorio nacional para superar adversidades y diferencias con respecto a otras áreas del país.
Esta es la transición de los territorios a provincias expresada en sentido estricto, o sea el pasaje del "republicanismo tutelado" a la autonomía provincial en sus diferentes fases: descomposición del régimen anterior, instalación y consolidación del nuevo régimen político-institucional. Pero en el caso de los territorios de provincialización tardía esta etapa transicional no presenta linealidad ni homogeneidad en sus objetivos, modalidad de organización y relaciones de poder, dado que se halla atravesada sucesivamente por el final del peronismo histórico y por el gobierno militar, que contiene a su vez dos gobiernos con un ejercicio del poder con matices diferenciados: el gobierno del Gral. Eduardo Lonardi (1955) y el gobierno del Gral. Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958). Dada la peculiaridad de la organización territorial, la transición a la democracia presentaría sólo uno de los rasgos que se le asignan a estas etapas: la creación de un espacio institucional nuevo, no preexistente que reemplazaba al régimen anterior y acentuaba la democracia como estilo de gobierno y de vida, como el lugar adecuado para la solución de los conflictos y diferencias (Landi, 1984).11 Este rasgo constituyó el horizonte de expectativa de los habitantes del sur que aparece como objetivo final de la etapa transicional. Un límite a las relaciones de poder que influye en la disponibilidad de los elementos culturales a la vez que sólo ellos pueden plantearse y desarrollar acciones sociales que produzcan cambios durables en la estructura administrativa local.
Podemos decir que la etapa final de la transición comienza con las convenciones constituyentes y se concreta con la instalación de las primeras autoridades electivas en 1958, conjuntamente con el restablecimiento de la "democracia restringida" que pondrá en marcha un núcleo básico de instituciones que definirán los rasgos de los nuevos Estados provinciales e iniciarán la etapa de consolidación democrática (Garretón, 1991). Dadas las características de inestabilidad política, proscripción electoral y democracia restringida de la etapa abierta en 1958 con la asunción al gobierno nacional de Arturo Frondizi (1958-1962) no podemos indicar el momento preciso de la consolidación democrática, limitándonos en este artículo a reflexionar acerca de los rasgos asumidos por la etapa transicional atravesada por las provincias patagónicas...
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-984X2013000100003
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