Tecnologías, pensamientos sociales y lenguajes
TESEOPRESS
Bibiana Apolonia Del Brutto (coordinación general); Federico Arguto, Paula Beatriz Kohan y María José Olguin (colaboradores)
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Progreso, ciencia y técnica en el peronismo clásico (1946-1955)
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Federico Arguto[1]
Introducción
Referirnos a la existencia de un peronismo clásico enmarcado dentro del período 1946-1955 presupone la presencia de varios peronismos (cada uno con sus características específicas y elementos comunes que permiten su denominación como tal) a lo largo de la historia argentina. Asimismo, nos remite inmediatamente a los debates en torno a la cuestión del populismo y sus particularidades en América Latina, considerando al varguismo brasileño, al cardenismo mexicano y al peronismo argentino como los paradigmáticos, siendo una referencia obligada en cualquier análisis sobre la temática.
Particularmente en el presente ensayo se pretende indagar si existió una concepción específica de progreso bajo el peronismo, teniendo en cuenta las continuidades y rupturas que pudieran existir en relación a los pensamientos sociales previos en Argentina. Para ello se analizará cuáles fueron las políticas gubernamentales implementadas ligadas al proceso de industrialización en curso bajo el período mencionado, considerando centralmente aquellas vinculadas al impulso científico-técnico. También se tendrán en cuenta discursos y documentos oficiales del período en cuestión, considerando que es allí donde logra plasmarse dicha concepción.
De este modo, se intentará contextualizar las políticas implementadas por el peronismo clásico dentro del marco de los populismos latinoamericanos paradigmáticos, contemplando a la vez las tradiciones propias del pensamiento social argentino asociadas a una particular concepción de progreso que pudieran ser consideradas como antecesoras del mismo.
En la primera parte del trabajo se buscará contextualizar al peronismo clásico en el marco de los populismos latinoamericanos del siglo XX, señalando algunas conceptualizaciones básicas a modo de marco de referencia en la temática.
Luego se rastrearan, dentro del pensamiento social argentino, los antecedentes del peronismo que podrían ser considerados portadores de una similar concepción del progreso impulsando el desarrollo de la ciencia y la técnica en el país, con la intención de dar cuenta del carácter disruptivo o profundizador de determinados pensamientos y propuestas políticas que tendrían las implementadas por el peronismo asociadas al modelo de industrialización por sustitución de importaciones (I.S.I.).
Posteriormente se indagará cuáles fueron los precedentes a nivel nacional que sentaron las bases para el impulso de la educación técnica y la profesionalización de los obreros en el marco de un incipiente desarrollo industrial, ya desde los comienzos del siglo XX. Estos proyectos serían luego reimpulsados con mucho más vigor durante la década del cuarenta y del cincuenta en el marco de una profunda reforma educativa que se plasmaría con claridad en la creación de la Universidad Obrera Nacional (U.O.N.) pero que claramente excede a la misma y se expresa en una serie de políticas educativas diversas.
En cuarto lugar se investigará cuáles fueron las políticas implementadas durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón asociadas al proceso de industrialización en curso, considerando las medidas adoptadas ligadas a la nacionalización o estatización de determinados servicios y dando cuenta, también, de los condicionamientos que la coyuntura económica implicó en la modificación de ciertas medidas tendientes a superar el modelo agro-exportador. Estas diferencias se plasmarían en el Primer y Segundo Plan Quinquenal.
Conceptualizaciones en torno al populismo latinoamericano
De acuerdo a lo planteado por Verónica Giordano y Waldo Ansaldi: “el populismo fue una experiencia observable históricamente en México (1934-1940), Brasil (básicamente durante la última presidencia de Vargas, 1951-1954, pero también bajo las de Jânio Quadros y João Goulart, 1960-1964) y Argentina (inequívocamente entre 1945 y 1955, pero no desapareciendo por completo después del derrocamiento de Perón, extendiéndose más mal que bien hasta 1975)”[2]
De los tres casos paradigmáticos el único que se aproximó a la secuencia régimen oligárquico-populismo fue Brasil, puesto que en el caso argentino el populismo fue una respuesta a la crisis de la democracia liberal encarnada en el reformismo y a una fallida restauración conservadora, mientras que en el caso mexicano fue el freno a las “fuerzas sociales desatadas” en el período 1910-1920, es decir a un proceso de radicalización basado en la alianza campesina-obrera.[3]
Sin embargo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se llevaron a cabo una serie de medidas que recuperaron los postulados iniciales de la Revolución. De esta manera, la radicalidad de la reforma agraria junto a otras medidas tales como la nacionalización de compañías petroleras extranjeras y la implementación de una experimental “educación socialista” durante el gobierno populista de Cárdenas contrastaron claramente con el carácter tecnocrático y conservador que tuvo el gobierno de Calles. De acuerdo a lo señalado por Hans Werner Tobler: “en el curso de pocos años la tenencia de la tierra en la región agrícola más importante del altiplano central fue modificada drásticamente, la hacienda tradicional fue eliminada casi por completo y el número de ejidatarios beneficiados por la reforma aumentó fuertemente. En 1940, al final de la Presidencia de Cárdenas, nada menos que casi la mitad del total del terreno cultivado correspondía a los ejidos que ahora también recibieron mayor ayuda estatal en las áreas del crédito, el apoyo técnico y la comercialización de sus productos.”[4]
Alan Knight[5] sostiene que el cardenismo fue en realidad una coalición menos poderosa y homogénea de lo que suele pensarse. En tal sentido, sostiene que fue más “catramina” que “coloso”. Por otra parte, el autor plantea que el cardenismo fue un “populismo” con características notoriamente diferentes al varguismo y al peronismo (en lo ideológico, emocional y generacional) dado que se trató del último estertor de la vieja causa revolucionaria antes de que un nuevo liderazgo tomara el control del país durante los años cuarenta.
Respecto del varguismo, cabe señalar que el populismo brasileño se edificó sobre la experiencia del Estado Novo (con elementos antiliberales y la demanda de un Estado fuerte) pero también sobre la etapa democrática comprendida entre 1934-1937. Tal como indican Ansaldi y Giordano: “El Estado Novo profundizó una etapa de industrialización por sustitución de importaciones que no fue acompañada de transformaciones estructurales agrarias. La sociedad se urbanizó crecientemente, al tiempo que la complejidad de la división social del trabajo se incrementó. Esta sirvió de base a una organización social corporativa concebida como una democracia de nuevo tipo, fundada sobre el principio de justicia social.”[6]
Por su parte, Mackinnon y Petrone[7] retoman a Weffort quien analiza el populismo brasileño a partir del proceso de crisis política y desarrollo económico que se abre con la revolución de 1930 en Brasil. Para el autor, fue la expresión del período de crisis de la oligarquía y el liberalismo, del proceso de democratización del Estado, y una de las manifestaciones de las debilidades políticas de los grupos dominantes urbanos al intentar sustituir a la oligarquía en las funciones de dominio político. Si bien plantea que el populismo fue la expresión de la irrupción de las clases populares en el proceso de desarrollo urbano e industrial de esos decenios, sostiene que la derrota de las oligarquías no afectó de manera decisiva el control que ellas mantenían sobre los sectores básicos de la economía. Esto llevó a que el nuevo gobierno tuviera que moverse dentro de una complicada red de compromisos y conciliaciones entre intereses diferentes y a veces contradictorios mediante un “Estado de compromiso”.
Los tres casos de los populismos latinoamericanos paradigmáticos se asocian frecuentemente al modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) aunque presentan ciertos matices: mientras que en el caso mexicano el gobierno de Cárdenas implementó como política de Estado una serie de medidas ligadas al modelo ISI sin que estuviera claramente articulado previamente, los populismos en Brasil y Argentina dieron un mayor impulso a un proceso que ya venía gestándose previo a la crisis de 1929.
Waldo Ansaldi y Verónica Giordano señalan una serie de características comunes, tanto desde la retórica como desde la práctica:
“En los populismos, las políticas de industrialización y el desarrollo económico-con una creciente regulación estatal, aunque sin desestimar por completo el recurso a inversiones directas externas-, estuvieron acompañadas (…) por la apelación a un discurso antiimperialista (pero no anticapitalista), a veces antisocialista. Es aquí donde se aprecia mejor el papel nodal de los populismos en la preservación del sistema capitalista: hicieron cambios considerables en la forma del Estado, sin alterar la matriz societal…”[8]
No obstante, los autores no dejan de considerar que al incorporar a vastos sectores de la población a la política, generaron una revolución política democratizadora. Asimismo plantean como un rasgo típico del populismo la intervención del Estado a través de la propiedad de industrias y servicios estratégicos. Otra característica compartida se manifiesta a nivel discursivo: apelando a las masas en términos de pueblo y trabajadores, articulando un discurso que sintetizaba elementos tanto de izquierda como de derecha de una forma creativa. Es precisamente este tipo de apelaciones lo que define el carácter ideológicamente ambiguo de los populismos[9]
Por último, cabe destacar que a pesar de la ambigüedad ideológica expresada a nivel discursivo, la base social en la que se sustentaron los populismos latinoamericanos fue compartida contando con el apoyo fundamental de vastos sectores de las clases populares que se identificaban con estos gobiernos, viendo al mismo tiempo mejoras concretas en su calidad de vida, así como el otorgamiento de una serie de derechos en materia social y política a los que anteriormente no habían podido acceder. Ejemplo de ello es lo expresado por Ansaldi y Giordano en torno al primer gobierno de Perón: “Se caracterizó, por sobre todas las cosas, por tres grandes logros: el pleno empleo (en verdad, próximo al ideal), el incremento de los salarios reales (53% entre 1946 y 1949) y una formidable redistribución de los ingresos, que llevó a la clase obrera a tener una participación del 49%, sin igual ni en el pasado ni en el futuro (hasta hoy) del país, cambio distributivo que también favoreció a la clase media. En 1951, casi el 70% de los asalariados gozaba de previsión y asistencia social.”[10]
Antecedentes
Es posible rastrear en intelectuales y políticos argentinos, ya desde el siglo XIX, una serie de pensamientos sociales asociados a una particular concepción del progreso. Estos fueron el sustento a partir del cual se desarrollaron diversas propuestas modernizadoras impulsadas principalmente desde el Estado. En este sentido, la técnica, estrechamente ligada a la investigación científica, desempeñó un papel clave para los proyectos modernizadores.
Entrado el siglo XX estos pensamientos asociados a una específica concepción del progreso persisten y se revitalizan como resultado de los numerosos avances tecnológicos y descubrimientos científicos de la ciencia moderna. Si bien, desde posicionamientos políticos disímiles, es posible afirmar la continuidad de dicha concepción sustentada en el desarrollo de la ciencia y la técnica en intelectuales tales como Manuel Ugarte y Raúl Scalabrini Ortiz. Norberto Galasso sostiene que Ugarte era partidario de explotar los recursos naturales y desarrollar intensamente las industrias con el propósito de rescatar a América Latina del atraso económico en que se hallaba y conducirla hacia un estado económico-social superior.
Por su parte, Scalabrini Ortiz realizó una serie de contribuciones teóricas sumamente relevantes a través de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (F.O.R.J.A) a pesar de no haber estado inscripto formalmente en los comienzos. De acuerdo a lo planteado por Mario Rapoport:
“desde allí condenó, además de los negociados de los ferrocarriles, la política crediticia en manos de la banca extranjera, el estancamiento industrial, la falta de explotación de la riqueza minera e hidroeléctrica, la subordinación del servicio del transporte al capital inglés, y la usura de los empréstitos externos. Nuestra sociedad se topaba con una serie de contradicciones que debían superarse: la Argentina era potencialmente muy rica con una población mayoritariamente marginada social y políticamente.”[11]
En este sentido, es posible dar cuenta de una constante en el pensamiento de Scalabrini Ortiz vinculado a su permanente búsqueda en torno a las causas que impedían el desarrollo de la industria nacional. Las investigaciones realizadas revelaron que la mayor parte de la riqueza nacional se encontraba en manos británicas, resultando claramente un obstáculo para el progreso del país. Era imprescindible revertir esta situación a través de la nacionalización de los servicios estratégicos para el desarrollo nacional, siendo fundamentales la utilización de las tecnologías de comunicación y transporte terrestres, como el ferrocarril y naturales como el petróleo. Comprobó fehacientemente el papel primordial que jugaba el imperialismo como impedimento al progreso nacional y su forma de actuar, cuestión que trabajó a lo largo de toda su obra.
Para Scalabrini Ortiz, el imperialismo era una preocupación constante, demostrando, a través de sus investigaciones, como aquellas tecnologías que debían estar al servicio del progreso nacional funcionaban en sentido inverso, sofocando cualquier incipiente desarrollo industrial que pudiera implicar una competencia o un riesgo para los intereses de las empresas británicas. Manuel Ugarte, en cambio, denunció tanto el imperialismo británico como el “peligro yanqui” y sus intenciones de “invadir” comercial y moralmente el territorio latinoamericano a través de conquistas sucesivas. En este sentido, Norberto Galasso afirma: “Su concepción antimperialista se ha forjado en las intervenciones norteamericanas en Centroamérica, especialmente en la guerra cubano-española, y hacia el imperialismo norteamericano enfila él preferentemente su artillería ideológica. Sin embargo, es erróneo imputarle desconocimiento del imperialismo inglés (…) Ugarte libra una dura campaña contra Inglaterra, condenando la acción antiprogresista cumplida por el ferrocarril británico y reiterando la necesidad de desarrollar industrias nacionales para poner fin a las importaciones en su mayoría inglesas. Más tarde continuará combatiendo contra ambos imperialismos o los castigará conjuntamente bajo el rótulo de ´imperialismo anglosajón´, aunque siempre considerará más peligroso al joven y avasallante imperialismo norteamericano…”[12]
Tanto Ugarte como Scalabrini Ortíz compartían una serie de pensamientos sociales en torno a una concepción del progreso en la cual las tecnologías existentes en el territorio debían ser puestas al servicio de un auténtico proyecto nacional que incentive el desarrollo industrial. Sólo así podría garantizarse realmente la soberanía. De lo contrario, el accionar del imperialismo británico o norteamericano continuaría interviniendo sobre los asuntos internos, sofocando cualquier intento de desarrollo y apropiándose de las riquezas ajenas, justamente, a través de las empresas que deberían ser la “columna vertebral” de cualquier proyecto político emancipador. En este sentido, la nacionalización de determinados servicios considerados estratégicos serían los cimientos a partir de los cuales sería posible una industrialización que posibilitara romper la dependencia de la cual formaba parte el modelo agro-exportador.
Los impulsos a la educación técnica a comienzos
del siglo XX
El interés por fomentar la educación técnica puede rastrearse, previo al peronismo, por parte de diversos sectores que incluían desde progresistas hasta conservadores. Desde principios de siglo, se concebía la enseñanza técnica como una cuestión sumamente relevante que permitiría solucionar aquellos problemas ligados a la falta de competitividad de las industrias nacionales, alentando a su vez el proceso de sustitución de importaciones en curso.
Asimismo, era concebido por determinados sectores militares como un tema de carácter estratégico para la defensa del país, destacándose entre ellos la figura del general Manuel Savio. Tanto la creación de la Escuela Superior Técnica del Ejército, en la década del treinta, como la Dirección General de Fabricaciones Militares, en 1941, formaron parte de esta concepción ligada a sectores nacionalistas que pretendían fomentar el desarrollo industrial como forma de garantizar la soberanía.
Resulta interesante destacar que existieron proyectos antecesores a la creación de la Universidad Obrera Nacional, a partir de los cuales se pretendió dar a la educación técnica un nivel de formación y especialización superior al vigente. Estas propuestas fueron realizadas por parte del episcopado argentino y de la Confederación General del Trabajo. La creación de la Universidad Obrera Argentina, en 1939, fue, quizá, el proyecto más destacado aunque se trataba de una institución de baja calificación.[13]
En términos generales, las instituciones ligadas a la enseñanza técnica previas al peronismo se encontraban de manera fragmentada y vinculadas al nivel secundario. De modo que, su profesionalización resultaba urgente para darle mayor relevancia e independencia de la enseñanza media. Este cambio comenzó a vislumbrarse a partir de 1943, modificando sustancialmente la estrategia impulsada desde el Estado en materia técnica. En 1944, se creó la Comisión Nacional del Aprendizaje y Orientación Profesional (C.N.A.O.P.), impulsada desde la Secretaria de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón. Desde allí comenzó un proceso de centralización de la educación técnica a nivel nacional, que sentó las bases del nuevo paradigma en materia educativa que conformaría el peronismo al plantear una reforma integral en la educación argentina.
Entre las instituciones educativas ligadas al fomento de los saberes técnicos se encontraban las Escuelas de Artes y Oficios, las Escuelas Industriales de la Nación, las Escuelas Técnicas de Oficios y las Escuelas Profesionales para Mujeres. En relación a las primeras, José Antonio Sánchez Román remarca que su fomento tuvo una clara impronta conservadora estimulada por la Liga Patriótica Argentina. Ésta, pretendió impulsarlas por todo el país con el objetivo de doblegar cualquier resistencia de los trabajadores, al mismo tiempo que se planteaba como un objetivo central “argentinizar” la clase trabajadora mediante la educación “moral” de las mujeres, considerando que eran ellas quienes transmitirían el mensaje al resto de la familia.[14]
Educación y peronismo
Durante el primer gobierno peronista se intensificó la estrategia, que comenzó a delinearse en 1943, en la cual la educación técnica ocupaba un lugar destacado. La creación de casi un centenar de Escuelas-fábrica, escuelas de aprendizaje, de capacitación obrera para adultos, de capacitación profesional para mujeres así como de misiones monotécnicas y de extensión cultural, sería una prueba fehaciente de los cambios implementados durante el período en cuestión.
Cabe mencionar que el impulso a la difusión de este tipo de saberes especializados se impartía junto a una serie de materias tales como geografía, historia y cívica, buscando de este modo elevar el nivel cultural de los trabajadores mediante conocimientos de “cultura general” al mismo tiempo que se enseñaban oficios que posibilitarían el empleo en las fábricas.
En este sentido, las reformas educativas y particularmente la creación de la Universidad Obrera Nacional (U.O.N), el 19 de septiembre de 1948 (e inaugurada recién en 1953), deben ser comprendidas dentro de un contexto histórico signado por profundos cambios. Las políticas implementadas por el peronismo ligadas a la construcción de un Estado benefactor caracterizado por su intervencionismo en materia económica, con el objetivo de fortalecer el mercado interno, la redistribución de los ingresos y el crecimiento de la industria nacional, resultan indisociables de los cambios en materia educativa ligados a los saberes técnicos. Se enmarcan en un proyecto integral de reforma educativa como expresión del proceso de modernización iniciado en la década de 1940. La “Nueva Argentina” que se estaba gestando requería un cambio de paradigma para concluir con el modelo agro-exportador y, de este modo, poner en marcha el proyecto de industrialización nacional. Para ello, era imprescindible modificar la formación de los trabajadores, capacitándolos para trabajar en las fábricas argentinas de manera competitiva, sin el requerimiento de técnicos o ingenieros provenientes del extranjero. La formación de profesionales argentinos capaces de desempeñar sus labores eficazmente en las industrias nacientes era un requisito fundamental para garantizar los pilares del peronismo: justicia social, soberanía política e independencia económica.
La creación de la Universidad Obrera Nacional fue percibida por parte de la mayoría de los trabajadores como una reivindicación social que posibilitaría el otorgamiento de títulos universitarios a quienes históricamente se vieron negados a dicha posibilidad. En este sentido, la U.O.N. representaba un claro símbolo de la justicia social que manifestaba el discurso peronista. Al mismo tiempo, la formación de obreros especializados era percibida por parte del gobierno como un aspecto central para la concreción del proyecto industrializador. El propio presidente Perón lo expresó con claridad en el acto de inauguración de la U.O.N:
“Cuando en 1944 soñábamos con la etapa natural que ha de cumplir el pueblo argentino, pensábamos que la capacidad energética de los pueblos, no está solamente en razón del trabajo que realizan cuantitativamente, sino en el factor cualitativo de ese mismo trabajo (…) Se iniciaba la entrada en la etapa industrial. Y la etapa industrial no se puede encarar sin capacitación técnica y profesional. Fue entonces en 1944, cuando lanzamos la primera disposición estableciendo la organización de la mano de obra y de la capacidad técnica para la industria argentina…”[15]
Es importante destacar la reivindicación social que implicaba en dicho período otorgarle jerarquía a la formación ligada a los saberes técnicos, resaltando al mismo tiempo la importancia de su labor en las fábricas. Históricamente, estos sectores populares fueron ninguneados en los discursos oficiales y la formación universitaria asociada únicamente a las carreras tradicionales (vinculadas a saberes teóricos y abstractos) a las cuales asistían los sectores medios y altos.
De este modo, el peronismo no sólo pretendió modificar las jerarquías a nivel educativo sino que, a través de su discurso y sus prácticas, hizo que los sectores populares fueran auténticos protagonistas del cambio social que transcurría. Los trabajadores en las fábricas, así como en otros ámbitos laborales, pasaron a ocupar un lugar destacado y estratégico para la “Nueva Argentina”, cuando anteriormente eran considerados por los sectores gobernantes como una población a la cual se debía direccionar y, para ello, nada mejor que la palabra de los intelectuales provenientes de las carreras tradicionales. Esta visión “hegemónica” buscó alterar, llegando incluso a desdeñar a los intelectuales y a los docentes de las universidades tradicionales por considerarlos reaccionarios, confrontando los absurdos discursos de ciertos intelectuales con las virtudes del pueblo trabajador, que a través de sus prácticas, aportaba día a día para el cambio social.
Dicha reivindicación no sólo se relacionaba con el contraste entre el trabajo intelectual y el manual, entre el “saber decir” (ligado a sectores conservadores) y el “saber hacer” (característico de los sectores populares), sino también con el contraste entre el centralismo porteño y el federalismo. La implementación de diversas medidas en materia educativa tales como las misiones monotécnicas y de extensión cultural, y la creación de diversas Facultades Regionales en las principales ciudades del país se encontraban en tal dirección. A través de ellas se pretendía fomentar el desarrollo de polos industriales en los que gran parte de sus alumnos y egresados pudieran encontrar posibilidades de insertarse dentro del sector productivo. Esto generaría efectos secundarios que alentarían el crecimiento de las diferentes ciudades del país, rompiendo así con el centralismo porteño.
El Consejo Nacional de Posguerra
Muchas de las políticas que implementó el peronismo estaban ligaban al diagnóstico elaborado por el Consejo Nacional de Posguerra (creado mediante el decreto 23.817 en agosto de 1944) del cual el propio Perón formaba parte al frente de su dirección, a la vez que desempeñaba el cargo de Vicepresidente de la Nación. Al mismo tiempo era miembro de la Comisión Permanente del Consejo como Secretario de Trabajo y Previsión.
El Consejo se creó en un contexto en el cual era inminente el fin de la Segunda Guerra Mundial, siendo una constante la preocupación en torno a la falta de empleo y las necesidades de industrializar el país. En verdad, estos debates ya provenían de la década del treinta pero sin la organicidad y planificación que se pretendía para el diseño de políticas de mediano plazo como serían los dos planes quinquenales. Mario Rapoport plantea que la creación del Consejo respondió al espíritu de la época, en un contexto en el cual era reciente la experiencia del New Deal en Estados Unidos y la planificación soviética, así como también las fracasadas del fascismo y el nazismo, continuaban en boga. “La experiencia de la Gran Depresión y los procesos de industrialización a los que dio lugar en los países periféricos y la influencia de las ideas keynesianas, con su preocupación por el pleno empleo, jugaron también un destacado papel. Por último, la guerra misma y la formación militar de Perón daban un contenido estratégico a la formulación de planes económicos y sociales de mediano plazo, que se traducirían luego, en 1946, en los dos planes quinquenales de los gobiernos peronistas.”[16]
El decreto fundacional del Consejo priorizaba como temas centrales:
“a) Situación económica del momento presente
b) Posibles desequilibrios determinados por el fin de la guerra y el pasaje a la paz.
c) Objetivos a alcanzar una vez restablecida la normalidad de la posguerra de acuerdo con las modalidades que se prevea caracterizarán el futuro económico y social.
d) Proponer medidas y disposiciones cuya aplicación convenga desde el presente para salvar las dificultades que se prevea pueden presentarse y ajustando aquellas a principios de respeto, justicia y solidaridad.”[17]
Estos análisis realizados por el Consejo conformaron el sustrato a partir del cual se elaboraría el Primer Plan Quinquenal. Luego del triunfo electoral que permitió a Perón desempeñarse como Presidente de la Nación, las funciones del Consejo fueron transferidas a la Secretaría Técnica de Presidencia y fue allí donde las propuestas elaboradas en materia de políticas económicas y sociales tomaron mayor relevancia. Asimismo, permitió la introducción de nuevas técnicas estadísticas en las funciones de gobierno con las cuales anteriormente no se contaba permitiendo, así, una mejor planificación.
Como parte del análisis de la coyuntura que realizó el Consejo Nacional de Posguerra, se arribó a las siguientes conclusiones: el agotamiento del modelo agroexportador y la necesidad de un desarrollo industrial; el apoyo de determinados grupos empresariales que tenían un interés económico en este proceso tales como los agrupados en la Unión Industrial Argentina y afines; la necesidad de planificar el desarrollo industrial que presentaba diversas dificultades tales como problemas de eficiencia y maquinaria obsoleta.[18]
La industrialización peronista
Si bien, desde principios de la década del veinte, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, comenzó en el país una incipiente sustitución de importaciones debido a las dificultades para importar manufacturas, este proceso se intensificó a partir de la crisis económica mundial de 1929. Sin embargo, es a partir de mediados de la década del cuarenta, con la llegada del peronismo, que se pone en marcha un auténtico proyecto transformador de la matriz económica que garantiza, al mismo tiempo, el pleno empleo de los trabajadores y mejora sus condiciones de vida.
De esta manera el proceso de industrialización nacional era alentando por un Estado activo que a través de diferentes políticas pretendía generar las condiciones para modificar el modelo productivo. En este sentido, se orientaron también medidas tales como la estatización de los ferrocarriles, teléfonos, puertos y otras empresas de servicios; la creación de la Dirección Nacional de Industrias del Estado (D.I.N.I.E.), y de empresas estatales estratégicas tales como Gas del Estado y Agua y Energía.[19] Respecto de la D.I.N.I.E. cabe mencionar que incluyó bajo su control a una treintena de empresas metalmecánicas, textiles, químicas, farmacéuticas, eléctricas y de la construcción, la mayoría de origen alemán, que fueron estatizadas cuando Argentina le declaró la guerra al Eje en 1945.[20]
Es importante recalcar la centralidad que tuvo la nacionalización del Banco Central y de los depósitos en 1946, junto a la conformación de un Sistema del Banco Central, bajo el cual quedaron integrados todos los bancos y otros organismos financieros. Asimismo, la política crediticia implementada desde el Banco del Crédito Industrial Argentino generó un fuerte impulso a la industria nacional. En 1947 se creó la siderúrgica SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina):“el objetivo consistía en brindar bases sólidas para la industria laminadora que se había desarrollado durante los años de la guerra principalmente. No obstante, el proyecto fue demorado, en parte, por las dificultades para obtener los equipos necesarios, dadas las restricciones que ponían los Estados Unidos para ese tipo de bienes; en parte también por las presiones de los laminadores privados que reclamaban importar esos insumos desde el exterior.”[21]
Este fuerte intervencionismo permitió fortalecer el mercado interno y el surgimiento de una serie de industrias a una escala impensada décadas atrás. Es importante destacar que gran parte del presupuesto destinado a los Planes Quinquenales fue financiado a través del Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (I.A.P.I.). Este era el principal instrumento para materializar la política y regular el comercio exterior, ejerciendo el monopolio virtual de las exportaciones. Se encargaba de comprar a los productores a precios fijos y de revender a precios internacionales. Mediante el control de cambios y la fijación de los precios de las exportaciones para los productos primarios, el IAPI obtuvo los beneficios que posibilitaron el financiamiento del Primer Plan Quinquenal.[22]
En este sentido, Galasso[23] plantea que, en el transcurso de pocos años, el gobierno peronista logró conformar una poderosa estructura de empresas estatales estratégicas comprendiendo tanto aquellas que implicaban una inversión de base muy alta, como la siderurgia o la explotación del carbón a través de Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F.); las nucleadas en el grupo de empresas D.I.N.I.E. (49 empresas basadas en las ex-empresas alemanas Osram, Geigy, Bayer, Crisoldinie, Metaldinie y Ferrodinie) y el complejo de Fabricaciones Militares. Así, el Estado tomó un protagonismo inusitado en la historia argentina llegando a producir barcos, vagones ferroviarios, combustibles y automóviles, entre otras cosas.
La sustitución de importaciones ligada a las producciones de carácter estratégico era comprendida por el propio Perón como centrales desde el punto de vista de la defensa nacional y así lo expresaba ya antes de asumir la presidencia:
“Hemos gastado en el extranjero grandes sumas de dinero en la adquisición de material de guerra (…) Una política inteligente nos hubiera permitido montar las fábricas para hacerlos en el país, las que tendríamos en el presente, lo mismo que una considerable experiencia industrial; y las sumas invertidas habrían pasado de unas manos a otras: argentinas todas. Lo que digo del material de guerra se puede hacer extensivo a las maquinarias agrícolas, al material de transporte, terrestre, fluvial y marítimo, y a cualquier otro orden de actividad…”[24]
En tal dirección se encontraba el interés subyacente por el fomento a la educación técnica de los obreros argentinos y el fomento a la industria pesada: no era posible concebir la soberanía política como escindida de la independencia económica.
Así, desde el punto de vista de la estrategia militar y previendo la inevitabilidad de una futura guerra a escala internacional (por más que considerara a la Argentina como una nación pacífica), resultaba prioritario lograr el auto-abastecimiento frente a un posible bloqueo comercial futuro. Sin ello el país se encontraría en una situación de clara vulnerabilidad internacional. “Las naciones en lucha buscan anular el comercio del adversario, no sólo para impedir la llegada de abastecimientos necesarios a las fuerzas armadas, sino a la vida de la población civil y a su economía. El bloqueo inglés y la campaña submarina alemana son una demostración en este sentido…”[25]
Para lograrlo planteaba la necesidad de orientar la formación profesional de los jóvenes hacia un enfoque industrial que priorice el trabajo en talleres y fábricas en lugar de formar burócratas que circularan por las oficinas públicas sin sentido. En esta dirección debía encaminarse tanto la formación en escuelas industriales y de oficios, como en las facultades de química, industrias, electrotécnicas, etc.
En este sentido, las políticas del peronismo clásico buscarían impulsar la generación de nuevas camadas de técnicos profesionales argentinos que pudieran permitir la elaboración de insumos, maquinarias, infraestructura y otras manufacturas que posibilitaran sustituir la dependencia del capital extranjero:
“Los técnicos argentinos se han mostrado tan capaces como los extranjeros. Y si alguien cree que no lo son, traigamos a éstos, que pronto asimilaremos todo lo que puedan enseñarnos. El obrero argentino, cuando se le ha dado oportunidad para aprender, se ha revelado tanto o más capaz que el extranjero. Maquinarias, si no las poseemos en cantidad ni calidad suficientes, pueden fabricarse o adquirirse tantas como sean necesarias.”[26]
La Constitución de 1949
La reforma de la Constitución Nacional fue una de las medidas de mayor relevancia a la hora de referirnos al peronismo clásico. Las modificaciones plasmadas en la nueva Constitución Nacional reflejaban el proceso de cambio social en curso. Eduardo Anguita[27] sostiene que la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente se dio en un contexto en el cual se habían consagrado los derechos económicos y sociales de los trabajadores, se modificó drásticamente el reparto de las riquezas y se dotó al Estado de mecanismos de regulación de la renta agraria.
La necesidad de plasmar estos cambios en una reforma de la Constitución fue expresada por el propio presidente Perón ante la Asamblea Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949:
“Con las reformas proyectadas por el Partido Peronista, la Constitución adquiere la consistencia de que hoy está necesitada. Hemos rasgado el viejo papelerío declamatorio que el siglo pasado nos transmitió; con sobriedad espartana escribimos nuestro corto mensaje a la posteridad, reflejo de la época que vivimos y consecuencia lógica de las desviaciones que habían experimentado los términos usados en 1853. […] El progreso social y económico y las regresiones políticas que el mundo ha registrado en los últimos cien años, han creado necesidades ineludibles; no atenderlas proveyendo a lo que corresponda, equivale a derogar los términos en que fue concebida por sus autores.”[28]
De acuerdo a lo expresado por Suriano y Lobato se efectuaron profundos cambios, modificándose el viejo paradigma liberal de la Constitución e incorporando una serie de derechos sociales (del trabajador, de la familia, de la ancianidad, el derecho a la educación y a la cultura) así como la reelección del presidente: “Se incorporó el Decálogo del Trabajador, que establecía la plena vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores e incluía la declaración de la propiedad inalienable de la Nación sobre los recursos naturales, la nacionalización de los servicios públicos y la regulación del comercio externo.”[29]
Si bien la nueva Constitución expresaba que la propiedad privada era un derecho natural, el reconocimiento de la función social de la propiedad sería una innovación en materia legislativa inexistente hasta la fecha a nivel nacional, permitiendo así la expropiación tanto de tierras como de empresas en pos del beneficio de la comunidad. A través del artículo 40, tomado de la Constitución mexicana, impedía la compra del subsuelo a empresas petroleras extranjeras. Asimismo, en su Preámbulo se reafirmarían los postulados esenciales del peronismo: una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.[30]
Mediante la nueva Constitución se autorizó al Estado a intervenir en actividades estratégicas y se definió un procedimiento riguroso para la nacionalización de servicios públicos. El comercio exterior quedó a cargo exclusivo del Estado; mientras que en el resto de las actividades económicas se garantizó la libre iniciativa privada, salvo que la misma tuviera marcadamente fines contrarios a los intereses de la nación.[31]
El desarrollo científico y tecnológico
Durante el gobierno peronista el desarrollo científico-técnico ligado al intenso proceso de industrialización y fomento de los saberes vinculados a este alcanza dimensiones sin precedentes en la historia nacional. Según el historiador Diego Hurtado[32], a la hora de reflexionar en torno al desarrollo científico-tecnológico es fundamental considerar tres sectores en juego que disputaban intereses: el sector militar, el sector productivo y los científicos. Así, sostiene que en Argentina hubo un proceso de institucionalización desdoblado:
“…el gobierno peronista institucionaliza la ciencia y la tecnología desde una política centralizadora, enfocada a problemáticas sociales, productivas y a la defensa. Por otro lado, el sector de la comunidad científica (vinculada a Houssay) cree que la institucionalización tiene que darse en otro sentido: libertad de investigación, autonomía del Estado. Y, como no tiene respuesta desde el sector político, intenta crear un sistema de filantropía que le permite empezar a crear institutos de investigación privados. Para América Latina esto es muy original…”[33]
No obstante, la política de Estado en el campo científico durante el peronismo fue sumamente relevante, concretándose en la creación de destacados organismos científico-tecnológicos de vanguardia en América Latina. El 31 de Mayo de 1950 se creó la Comisión Nacional de la Energía Atómica. La historiadora Zulema Marzorati expresa: “La voluntad política y el interés gubernamental posibilitaron la creación en 1950 de la CNEA institución desde donde se impulsó la política atómica, en la que se fue conformando una comunidad de científicos que alcanzó un alto nivel en esa nueva área de la ciencia. Durante esa primera etapa, extendida hasta la caída del gobierno de Perón, se emprendió la promoción de la geología y la minería nuclear; la explotación y el procesamiento del uranio; el desarrollo de la metalurgia y la producción y utilización de radioisótopos, articulándose la investigación básica, la aplicada y la tecnológica…”[34]
Retomando el concepto empeñado por Félix Schuster de contextualización situacional –entendido como un conjunto de factores históricos, sociales y políticos que operan en el momento de una producción científica determinada, incluyendo a los componentes individuales, institucionales o comunitarios-, Marzorati enfatiza la relación existente entre el marco histórico y el proceso de producción científica considerando que ello repercute tanto en las prácticas de los científicos como en las actividades que se desarrollan.[35]
En este sentido, asocia el proceso de industrialización durante el peronismo, basado en recursos tales como el acero y el petróleo, con el interés del gobierno argentino por fomentar la investigación ligada al desarrollo nuclear puesto que ofrecía enormes posibilidades en cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica, pudiendo ser empleada en sectores diversos tales como la agricultura, la biología y la medicina.
En 1951, a través del decreto 9.695, se instituyó el antecedente de mayor relevancia a la creación del CONICET: el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC).[36]
Asimismo, la creación del Instituto de Física de Bariloche en abril de 1955, en sus comienzos dirigido por el Dr. José Antonio Balseiro (de quien, tras su fallecimiento, la institución tomaría su nombre), fue un acontecimiento sumamente relevante para el impulso a la investigación y formación de profesionales en los campos de las ciencias exactas. Su creación fue posterior al “Proyecto Huemul”, a cargo del físico austríaco Ronald Ritcher. Este proyecto científico, impulsado por el propio presidente Perón, pretendía desarrollar energía de fusión nuclear de manera controlada en el país con el objetivo de potenciar el desarrollo de la industria nacional. Sin embargo, en 1952 debido a las demoras por parte de Ritcher en ofrecer los resultados de las investigaciones (luego de haberse realizado en marzo de 1951 una conferencia en la cual se afirmaban haberse logrado reacciones termonucleares controladas), el gobierno nacional envió una comisión técnica dirigida por el Dr. Balseiro que comprobó que el supuesto descubrimiento era en verdad una estafa. Ritcher fue separado de su cargo y las instalaciones desmanteladas.[37]
A pesar del frustrado episodio del “Proyecto Huemul”, la creación de la Dirección Nacional de Energía Atómica (DNEA), dependiente del Ministerio de Asuntos Técnicos, con sede en Buenos Aires, impulsó notablemente el desarrollo de la investigación, difusión y formación de técnicos relacionados con la energía atómica, comenzando así la labor que continuaría la Comisión Nacional posteriormente. Mediante dicha institución comenzó un período de excepcional crecimiento y expansión de las actividades científicas, y se organizaron los primeros grupos de investigación en geología, radioquímica, física nuclear, radiación cósmica y espectrografía nuclear.[38]
Otro proyecto de relevancia a cargo de un científico extranjero fue el caso del ingeniero aeronáutico alemán Kurt Tank a cargo del desarrollo del Pulqui, primer avión a reacción en Iberoamérica y quinto en el mundo, inspirado en planos que Tank trajo consigo desde Alemania. En sus dos modelos, este moderno caza representó un verdadero hito en la industria aeronáutica argentina, prácticamente inexistente antes de que el equipo de la Focke-Wulf se instalara en Córdoba.[39]
El sociólogo Aritz Recalde[40] plantea que el peronismo llevó a cabo un modelo integral de desarrollo de la ciencia y la técnica en el cual la planificación estatal ligada a la promoción de la innovación tecnológica tenía la finalidad de industrializar el país. En este sentido, no era concebible un desarrollo científico auténtico sin la consolidación de la “Nueva Argentina” industrial en la cual los sectores populares formaran parte de las políticas públicas a implementarse:
“El peronismo profundizó el desarrollo científico en áreas de importancia estratégica nacional como eran la producción de automotores, de aviones, de maquinaria agrícola, de energía atómica, petróleo, derecho, geopolítica, salud o comunicaciones. Dicha tarea implicó la formulación de Planes Nacionales de Desarrollo integral y sustentable (Quinquenales) y la organización y/o promoción de instrumentos institucionales como fueron el Consejo Nacional de Posguerra, el Ministerio de Educación, la Universidad Obrera, los consejos económicos sociales, las escuelas técnicas, las Academias Culturales, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o de Fabricaciones Militares.”[41]
Una renovación en materia sanitaria
Así como se impulsaron una serie de políticas renovadoras que implicaron cambios de relevancia en materia social y económica, la salud no fue la excepción a ello. Durante el primer mandato del peronismo se crearon una serie de organismos de jerarquía tendientes a desarrollar una política centralizadora y modernizadora mediante la institución de la Dirección Nacional de Higiene, la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud Pública. En este último, Ramón Carrillo (destacado médico neurocirujano argentino) desarrolló un notable trabajo, particularmente en las zonas más pobres del país enfrentando las enfermedades endémicas. De esta manera, fue posible erradicar enfermedades tales como el paludismo, la sífilis, lepra y tuberculosis.
La política sanitaria de Carrillo, plasmada en los dos planes quinquenales, buscó priorizar aquellas cuestiones que anteriormente el Estado no había tenido suficientemente en cuenta y requerían urgente atención tales como la medicina social y la atención materno-infantil. También desarrolló una importante labor en materia de medicina preventiva y en la construcción de numerosos establecimientos sanitarios: “Los trabajos que se llevaron a cabo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, por la Subsecretaría de Construcciones del Ministerio de Salud (que creó con ese fin) y por la Fundación Eva Perón, darían como saldo la creación de 4.229 establecimientos sanitarios con 130.180 camas.”[42]
En este sentido, fue prioritaria la construcción de hospitales, institutos, centros de atención médica y hogares escuela en todo el país, particularmente en las zonas más vulnerables.
Karina Ramacciotti señala básicamente cuatro estrategias de difusión sanitaria implementadas: las que tenían como objetivo integrar aquellas zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la atención urgente de las epidemias, aquellas que apuntaban al cuidado de la salud de los trabajadores (centrando la atención en los ámbitos de trabajo) y las orientadas a la protección y el cuidado de los niños, tanto en los hogares como en las escuelas.[43]
Asimismo la autora destaca que si bien la política sanitaria procuraba generar un proceso centralizador y modernizador de la santidad a nivel nacional, el protagonismo que tuvo la política sanitaria desarrollada durante los primeros años de gobierno fue paulatinamente desplazado por la labor social que se llevaría a cabo a través de la Fundación Eva Perón desde mediados de 1948: “Estas organizaciones pasaron así a competir con las capacidades, recursos presupuestarios y áreas de incumbencia del Ministerio y con la figura del mismo Carrillo, cuya iniciativa y poder acumulados en un comienzo se vieron licuados (…) con la aparición de la Fundación Eva Perón y las obras sociales de los sindicatos y la reducción del holgado presupuesto con el que en un principio contó el Ministerio…”[44]
Tanto desde la Secretaría de Salud Pública como desde la Fundación Eva Perón se llevó adelante un proceso de profesionalización de las enfermeras puesto que se trataba de una necesidad prioritaria para poder implementar una eficaz política sanitaria a nivel nacional. Así, en 1947, se creó la Escuela de Enfermeras dependiente de la Secretaría de Salud y tres años después la Escuela “7 de mayo” ligada a la Fundación Eva Perón.
Cambios y continuidades en los mandatos
Existe un acuerdo generalizado, principalmente dentro del ámbito intelectual, según el cual se distinguen, a grandes rasgos, dos etapas o momentos de las políticas implementadas por el peronismo clásico que se vinculan estrechamente con las características que tomaron los dos planes quinquenales (cabe aclarar que el segundo no pudo culminarse producto del golpe de 1955) En este sentido, Rougier y Schorr expresan con claridad dicha diferenciación: mientras que en un primer momento se aplicaría una política inicial expansiva, caracterizada por una fuerte redistribución del ingreso, la ampliación de los instrumentos crediticios y del gasto público, una profusa política de nacionalizaciones y el impulso a las actividades industriales (sobre todo las más ligadas al consumo de los sectores populares); a partir de 1949, en un contexto de crisis, se buscó resolver los problemas de escasez de divisas combinando el congelamiento de la política de redistribución de ingresos con un apoyo a las actividades agropecuarias y los primeros intentos de avanzar en la sustitución de importaciones de maquinarias e insumos intermedios.
Desde otra perspectiva, Aldo Ferrer coincide en señalar la aplicación de medidas de carácter expansivo hasta el año 1950 en materia monetaria, fiscal y salarial y distingue un nuevo curso de acción para 1952: “el nuevo programa económico incluyó una severa política de ingresos, con la creación de una comisión nacional de precios y salarios, la concertación de convenios laborales cada dos años, en vez de las renovaciones anuales seguidas en los años anteriores, y el mantenimiento de un estricto control de precios…”[45]
En tal dirección apuntaba el Segundo Plan Quinquenal, modificando la Ley de Inversiones Extranjeras (procurando otorgar facilidades para la radicación del capital foráneo) y el crecimiento de la industria pesada.
El programa implementado durante el primer período presidencial se gestó en una coyuntura internacional favorable en la cual las potencias aún sufrían las consecuencias nefastas de la Segunda Guerra Mundial y demandaban principalmente bienes primarios. Esos dividendos obtenidos de los mercados internacionales fueron el sustento económico que permitió un incremento de la inversión pública y la puesta en práctica de una serie de lineamientos ya planteados desde el Consejo Nacional de Posguerra en 1944, tales como la política de independencia económica, el desarrollo industrial y la defensa nacional. Estos lograban compatibilizarse con una serie de postulados de corte keynesiano tales como la búsqueda del pleno empleo basado en una expansión del mercado interno, una modificación del rol del Estado interviniendo en la economía y fomentando la elevación del nivel de vida de los trabajadores.
Retomando el análisis de la política económica peronista realizado por Marcelo Rougier, Julio Benvenuto expresa que:
“La herramienta utilizada sistemáticamente era el incremento salarial nominal, que alcanzaba mejoras del 60% entre 1945 y 1948, acrecentaba su participación en más de un 10% del PBI en esos tres años y conformaba la mitad del ingreso nacional en 1949 (…) Las políticas públicas tendían a modificar los precios relativos de forma tal que acentuaron el poder de compra de los salarios, ni especialmente a través del control de precios que revaluaba la moneda local por un lado, y disminuía en términos relativos los precios del sector agropecuario y los alimentos por el otro. El siguiente eslabón era un sector industrial beneficiado también por la política cambiaria…”[46]
A su vez, la transferencia de ingresos del sector agropecuario hacia el industrial a través del IAPI, posibilitó una fuerte redistribución de recursos hacia los trabajadores, durante los primeros años del mandato presidencial, en un contexto de bonanza económica. Próximo a finalizar el primer gobierno, comenzó a vislumbrarse la crisis del comercio exterior y una prolongada coyuntura inflacionaria que forzaría un cambio de rumbo temporal que se plasmaría en la denominada “Vuelta al Campo” en 1952.[47]
Ante la nueva coyuntura económica, el gobierno peronista buscó corregir los desequilibrios de la balanza comercial apelando a una serie de medidas de cuño ortodoxo tales como la restricción fiscal y monetaria. Asimismo, buscó neutralizar la puja distributiva, junto a un congelamiento de los precios y los salarios por dos años y la suspensión de las negociaciones colectivas.[48]
De igual manera, la transferencia de ingresos realizada durante los primeros años de gobierno tomó el sentido inverso: ahora era el IAPI el organismo por el cual se subsidiaba a los productores agropecuarios con el objetivo de recuperar nuevamente la producción tras dos sequías consecutivas. La cima de la crisis se registró en el período 1951-1952 y fue allí cuando el gobierno buscó modificar sus políticas alentando la producción agropecuaria por sobre la industrial, incentivando la inversión privada y buscando generar las condiciones que permitieran el arribo de capitales extranjeros:
Retomando a Girbal Blacha, Carreras Doallo señala que en 1952 se lanzó el Plan Económico de Emergencia, en el cual las actividades rurales ocuparon un lugar preponderante y se propuso como objetivos centrales: “…acentuar la producción y reducir el consumo, revisar aquellas disposiciones sobre el trabajo rural que impedían a los productores usar sus propios medios de transporte y solicitar la colaboración de las organizaciones patronales y obreras para eliminar de los convenios laborales toda circunstancia capaz de limitar la producción sin causa justificada.”[49]
De este modo, mientras que durante el primer período de gobierno se buscó implementar una serie de medidas proteccionistas tendientes a favorecer el desarrollo industrial mediante una transferencia de ingresos proveniente del sector agropecuario y alentando el consumo de los sectores populares, en el segundo mandato se buscó complementar medidas que alentasen la producción del sector agropecuario junto a una serie de políticas que impulsasen el desarrollo de la industria pesada, incluso favoreciendo la radicaciones de capitales financieros extranjeros mediante una ley sancionada en 1953 que alentó, en los años posteriores, la radicación de empresas tales como Fiat y Kaiser.[50]
Estas medidas de ajuste cristalizadas en el Plan Económico de Emergencia de 1952 fueron de carácter transitorio y prontamente se buscó recuperar el incentivo a la producción industrial. Una vez superadas las instancias más duras de la crisis, se apuntó a recuperar los lineamientos de más largo plazo. Es por ello que a pesar del mayor dinamismo que se pretendió otorgar a la producción rural, el gobierno también impulsó el desarrollo de las industrias de base y pesadas como una forma de superar, de manera consistente, el dilema del estrangulamiento externo. En este sentido, el objetivo principal del Segundo Plan Quinquenal (aplicación que se postergó hasta 1953) no era tanto evitar la crisis de la industria sino resolver la crisis estructural del sector externo de manera compatible con el sostenimiento de una política de redistribución de ingresos.[51]
En este período fue lanzada la consigna de la “productividad”, siendo su corolario el denominado “Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social” en de 1955, en el cual la Confederación General Económica (CGE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y los representantes del gobierno peronista buscaron sentar las bases de un acuerdo nacional. La investigadora Marina Kabat juzga con dureza la iniciativa del Congreso de la Productividad al sostener que:
“…constituye uno de los eventos más significativos de la lucha de clases en la Argentina. Representa una primera ofensiva empresarial contra los derechos adquiridos por los obreros a lo largo de dos décadas. Muchos de los reclamos empresariales (la rigidez de los convenios en cuanto a escalafones, la posibilidad de cambiar de horarios o funciones de los empleados, la carestía de los despidos, etc.) reaparecerán en momentos posteriores cuando se discuta la flexibilización laboral. Otros puntos en disputa conciernen a la relación de fuerzas existente en ese momento y el peso de las comisiones internas y de los delegados de fábrica…”[52]
No obstante es importante considerar que la oposición por parte de amplios sectores de los trabajadores frustró dicha iniciativa institucional que pretendía consolidar una mayor “racionalización laboral”. En este sentido, Hernán Camarero afirma que fue justamente la propia composición de la coalición peronista (basada mayoritariamente en la clase obrera y los sindicatos) la que impidió llevar a cabo las decisiones en materia de política económica que el gobierno quería implementar en tal coyuntura.[53]
Conclusiones
A lo largo del presente escrito se pretendió indagar si existió una particular concepción del progreso durante el denominado peronismo clásico, haciendo hincapié en analizar cuáles fueron las políticas que se implementaron durante los dos mandatos de gobierno. Asimismo se intentó rastrear cuáles fueron algunos de los antecedentes en el pensamiento social argentino. Como se mencionó en un principio, referirnos al peronismo inmediatamente nos remite a las conceptualizaciones ligadas a los populismos latinoamericanos, siendo los otros dos ejemplos paradigmáticos el cardenismo mexicano y el varguismo en Brasil. Es posible encontrar una serie de similitudes entre el peronismo y los otros dos populismos en cuanto a su específica concepción del progreso y la prioridad que le otorgaron al impulso de la industria y lo científico-técnico. Los pensamientos sociales ligados a esta específica concepción del progreso anteceden a los gobiernos populistas latinoamericanos pero se expresan con mayor vigor a través de una serie de políticas de Estado respaldada en un fuerte apoyo de los sectores populares, resultado de los procesos de ampliación de los derechos políticos y sociales.
El precedente del New Deal en los Estados Unidos, junto a la experiencia de la planificación centralizada implementada por la Unión Soviética y las derrotadas experiencias del nazismo y el fascismo, propiciaron un clima de época tendiente al desarrollo de programas planificados. Asimismo la propia formación de Perón y de cierta dirigencia peronista proveniente de sectores militares coincidía con estos modelos de planificación y organización (dejando de lado, claro está, cómo se juzgaran las experiencias de planificación mencionadas anteriormente). Al mismo tiempo, urgía en Argentina impulsar la industria nacional de manera inteligente y direccionada, proceso que había sido iniciado en la década del veinte pero de manera “caótica”, sin una adecuada estrategia que contemplara el mediano y largo plazo.
Así, en base al análisis de la coyuntura realizado en el Consejo Nacional de Posguerra, se procedería a la elaboración del Primer Plan Quinquenal, buscando implementar una serie de medidas proteccionistas tendientes a favorecer el desarrollo industrial mediante una transferencia de ingresos proveniente del sector agropecuario y alentando el consumo de los sectores populares.
Durante el peronismo clásico se implementaron una serie de políticas orientadas a impulsar el crecimiento de la industria nacional, utilizando, en buena medida, las divisas obtenidas a través del I.A.P.I., junto a la nacionalización de servicios estratégicos: ferrocarriles, teléfonos, puertos y la creación de empresas estatales tales como Agua y Energía y Gas del Estado. Todo ello permitió, en los primeros años, un crecimiento del sector ligado principalmente a la industria liviana. Asimismo, cabe señalar la creación de SOMISA en 1947 y del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1951.
A partir del Segundo Plan Quinquenal se modificarían las políticas con el objetivo de alentar la fabricación de maquinarias e insumos intermedios. De la capacidad de sustituir dichas importaciones dependía la totalidad del sector industrial y esto se explicitaría con claridad tanto en los discursos como en la elaboración del Plan que entraría en vigencia con un año de retraso en 1953. Para Schorr y Rougier, su principal objetivo era resolver la crisis estructural del sector externo de manera compatible con el sostenimiento de una política de redistribución de ingresos. En cambio, Aldo Ferrer enfatiza que en el segundo mandato se aplicaría un fuerte ajuste con férreos controles de precios y restricción del consumo por parte de los sectores populares.
Es importante recalcar que el gobierno peronista institucionalizó la ciencia y la tecnología desde una política centralizadora y en tal dirección se encaminó la creación de la Universidad Obrera Nacional (formando parte de un proyecto más amplio de impulso a la educación técnica), de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Instituto de Física de Bariloche y del CONITYC.
Esta serie de políticas implementadas dan cuenta de una específica concepción del progreso, cuyos pensamientos pueden rastrearse ya desde el siglo XIX, basada en diversas propuestas modernizadoras en las cuales la ciencia y la técnica ocupan un papel primordial siendo alentadas desde el Estado. Entrado el siglo XX, algunos de los pensamientos sociales destacados a nivel nacional, expresados por una serie de políticos e intelectuales, se encuentran estrechamente ligados a la defensa nacional y la necesidad de implementar un auténtico proyecto transformador que garantice la soberanía tanto en materia política como económica. Los estudios elaborados por intelectuales de la talla de Manuel Ugarte y Raúl Scalabrini Ortíz se encuentran en tal dirección, coincidiendo en una serie de aspectos: las trabas para el desarrollo nacional que implica el imperialismo, la necesidad de nacionalizar determinados servicios de carácter estratégico para el país y la puesta en marcha de un plan industrializador que modifique la matriz económica.
Si bien desde ideologías y propuestas políticas disímiles, es posible establecer una continuidad en dicha dirección, expresada con sus especificidades, en el peronismo clásico. No obstante, es importante recalcar que las transformaciones implementadas por dicho gobierno en diversos aspectos no tuvieron precedentes en la historia argentina, llevando a cabo una serie de políticas ligadas al pleno empleo, la nacionalización de servicios estratégicos y otorgando numerosos beneficios a los trabajadores (así como elevando sus condiciones materiales de vida y mejorando sustancialmente la distribución del ingreso) que no volverían a repetirse a lo largo de la historia nacional.
El peronismo clásico (particularmente la primera presidencia de Perón entre 1946 y 1952) es frecuentemente considerado como un período memorable de prosperidad y crecimiento. Sin embargo, es importante dar cuenta de las limitaciones propias del modelo Stop and go tal como expresan Rougier y Schorr. Ello nos remite, al mismo tiempo, al problema de la dependencia propio de los países periféricos y a los debates en torno a las posibilidades de superar el modelo agro-exportador que aún continúa vigente.
Sociólogo. Facultad de Ciencias Sociales. UBA↵
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Discursos pronunciados por el General Juan Domingo Perón (1945-1974): Disponibles en: http://www.jdperon.gov.ar/material/discursos.html
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Título de la publicación Tecnologías, pensamientos sociales y lenguajes
Autor Bibiana Apolonia Del Brutto (coordinación general); Federico Arguto, Paula Beatriz Kohan y María José Olguin (colaboradores)
Fecha enero 6, 2016
ISBN del ebook 9789873397103
Keywords/Tags sociedad y cultura; progreso; tecnologías de información y comunicación, género, lenguaje, sociedad del conocimiento; la técnica
DOI 10.55778/ts873397103
Copyright 2016 / Bibiana Apolonia Del Brutto
TeseoPress
Las opiniones y los contenidos incluidos en esta publicación son responsabilidad exclusiva del/los autor/es.
https://www.teseopress.com/tecnologiaspensamientossocialesylenguajes/chapter/progreso-ciencia-y-tecnica-en-el-peronismo-clasico-1946-1955/
ACTIVIDADES
1.- ¿Cuál fue el rol de Juan D. Perón en los gobiernos militares de los generales Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell?
2. ¿Cuáles fueron las principales características del trabajo de Juan D. Perón en la Dirección Nacional del Trabajo?
3. ¿Cuál fue la posición adoptada por el gobierno argentino durante la Segunda Guerra Mundial?
4.-¿Qué consecuencias generó en la relación con los Estados Unidos?
5.- Investiga cuántas casas se entregaron durante el período.
6.- ¿Cuánta leyes de trabajo se dictaron durante el período?
7.- Debes buscar si existieron niveles de exportación agrícolo ganaderas altos en el período.
8.- ¿Cuántas escuelas fueron construídas en el período?
9.- Busca cuándo se declaró la guerra a los estados alemán, italiano y japonés.
10.- Escribe de qué forma terminaron sus períodos de gobierno.
