Hace muy poco tiempo (estamos a mediados de noviembre de 2022) un profesor recién recibido, luego de leer mi trabajo sobre los pueblos originarios que combatieron en las guerras de independencia en los distintos ejércitos patrios entre 1810 y 1825, se dedicó a comentar entre docentes y no docentes, incluso con escolares, que se trataba de algo inconcebible o falso, dejando en claro su opinión que Omaguacas, Pehuenches y Guaraníes, no habían sido guerreros de la independencia. Es comprensible que una persona muy joven y mal formada sepa poco de nuestro General San Martín (y de Omaguacas y Pehuenches), aunque esta persona nació en lo que hoy es una de las provincias del litoral, como nuestro San Martín, pero es más raro, que desconozca al General Andrés Guacurari y Artigas, que defendió ese mismo Litoral de las tropas portuguesas invasoras (en relación con los Guaraníes). Tampoco tiene mucha explicación científica las explicaciones de esa persona y otros jóvenes profesores, sobre la "Segunda Masacre de la Patagonia y los Derechos Civiles Restringidos de los habitantes de la Patagonia", producida con los trabajadores de estancias de la misma, salvo que no conozcan que uno de los principales Derechos Civiles es el de la vida.
Es más raro aún, que esa persona y algún otro profesor joven intentasen esgrimir temas de discriminación por inclinaciones sexuales, que nunca pueden explicar o servir de excusa para ese tipo de opiniones, que bien pueden caratularse como discriminación (que si es muy común, para estos pueblos y otros indígenas u originarios de nuestros territorio o de aquellos que decidieron vivir en estas tierras). Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo, como la existencia de un supuesto pueblo, que lleva el nombre de un idioma originario, o que se desconozca que los organismos internacionales y los oficiales nacionales, reconocen aproximadamente 34 pueblos originarios en estos territorios y no 16, como se enseña, de acuerdo a libros escolares, sobre los que ya nos explayamos por sus inexactitudes o mentiras descaradas. Igual racionalidad se puede aplicar, para saber que aunque se invite a personas de pueblos originarios, para explicar su cultura en uno o varios cursos, ello no implica que se respeten sus derechos, porque el genuino respeto se demuestra todos los días y en todos los temas sociales.
«ARGENTINA ORIGINARIA: GENOCIDIOS, SAQUEOS Y RESISTENCIAS», DE DARÍO ARANDA
“...ARGENTINA ORIGINARIA (pag. 9)
"...Modesto Inacayal fue un reconocido cacique tehuelche, capturado y tomado
como botín de guerra en la Campaña del Desierto. No fue encerrado en una cár-
cel, tampoco destinado a los campos de concentración, final común de las comu-
nidades indígenas. El cacique Inacayal, junto a su familia, fue obligado a ser
pieza de exhibición viviente en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ence-
rrado en el oscuro sótano del museo, debía posar semidesnudo; lo medían, lo
pesaban, era un objeto de estudio.
La sociedad “civilizada” le dio la peor conde-
na: usarlo como conejillo de indias, exhibirlo, maltratarlo, forzarlo a deambular
perdido, triste, humillado. La tortura duró dos años. Murió el 24 de septiembre
de 1888.
De inmediato su cuerpo fue puesto en exhibición al público. Recién un
siglo después, en 1994 y tras reclamos de comunidades tehuelches, los restos del
cacique fueron llevados a su territorio ancestral.
Similar padecimiento vivieron los caciques Foyel y Sayhueque, junto a sus
familias. 1 “Los representantes de los pueblos originarios fueron exhibidos al público
como fieras de zoológico”, denuncia el historiador y periodista Osvaldo Bayer. 2
El libro El racismo argentino, del Grupo Universitario de Investigación en
Antropología Social (Guias), recuerda el testimonio más recurrente y triste de
Inacayal:
“Yo jefe, hijo de esta tierra. Blancos ladrones, mataron a mis hijos,
mataron a mis hermanos, robaron mis caballos y la tierra que me vio
nacer. Yo, prisionero”.
Campos de concentración.
Desaparecidos.
Torturas.
Asesinatos masivos.
Robo de niños.
Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otoma-
no, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de per-
tenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios.
No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.
A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración,
desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvie-
ron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy,
un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio.
La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas
las represiones.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los responsables máximos del
nazismo (Juicios de Núremberg). En Argentina, en 1985, se realizó el juicio a los
ex comandantes que integraron las tres primeras Juntas Militares de la última dic-
tadura.
En la actualidad, tras resistir y anular las llamadas leyes de impunidad,
en distintas ciudades del país están siendo juzgados y condenados los responsa-
bles militares y civiles de crímenes consumados durante la dictadura.
No hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. “Nunca cayó el régimen que
implementó las campañas militares de fines de siglo XIX y principios del XX que
derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Esta-
do nacional".
"Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador
Walter Delrío, autor de "Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación
indígena en la Patagonia (1872-1943)".
Delrío es co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indí-
gena Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. En su pro-
ducción académica brinda pruebas de cómo, luego de la conquista militar, el
Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país,
donde “el crisol de razas” negó lo originario. Detalla que la invisibilización fue
una estrategia de dominación, que permitió el desarrollo de distintas prácticas
genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la
supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano
de obra esclava y la reducción en campos de concentración.
Diana Lenton –doctora en antropología, especialista en temas de política indí-
gena y co-directora de la Red de Estudios sobre Genocidio– llama “pecado origi-
nal” al nacimiento de Argentina sobre un engranaje jurídico que negó los dere-
chos de los pueblos indígenas y, además, ejecutó la muerte y desaparición de la
población originaria. La conformación del Estado nacional, a fines del siglo XIX,
coincidió con un tipo de discurso autoritario que luchaba por hegemonizar el
cuerpo de discursos sobre la población.
Luego de la campaña militar al Sur sobrevino la avanzada sobre el Norte, tam-
bién llamada Conquista del Desierto Verde. Las poblaciones indígenas eran
sometidas, obligadas a ser mano de obra esclava en las plantaciones de caña de
azúcar y en los algodonales. También se los obligó a incorporarse al Ejército.
Los niños y mujeres fueron repartidos para el trabajo domiciliario.
La isla Martín García, ubicada en la confluencia de los ríos Uruguay y de la
Plata, se transformó en un gran campo de concentración. En sólo un año, 1879,
fueron apresados (y luego bautizados) 825 indígenas, según consta en un trabajo
en desarrollo de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Ale-
xis Papazian y Mariano Nagy, que analizaron archivos de la Armada y el Arzobis-
pado. Los registros dan cuenta de 363 hombres, 132 mujeres y 330 niños.
Los investigadores explican que la población era más numerosa, sobre todo
porque muchos prisioneros no figuran en los registros clericales de Martín Gar-
cía, ya sea porque habían sido bautizados con anterioridad o porque murieron
antes de recibir la bendición del cura.
Papazian analizó los archivos oficiales que dan testimonio de lo sucedido en
Martín García. No tiene dudas de que se trató de un campo de concentración
que funcionó antes, durante y después de la Campaña del Desierto (desde 1872
hasta 1886), donde se practicó una rígida coerción sobre los cuerpos indígenas.
No hay cifras oficiales de la magnitud del campo de concentración.
Papazian
y Nagy son muy cautos en cuanto a números, sobre todo porque los registros
son desordenados e imprecisos, dado que muchas veces no se contabilizaba a
niños y mujeres. Sin embargo, y en base a pruebas documentales, los investiga-
dores afirman que por la isla Martín García pasaron al menos 3.000 personas,
privadas de su libertad, sin derecho a defensa alguna y a las que se les negó
todo derecho.
La isla no sólo recepcionó a habitantes originarios, sino que también funcio-
nó como punto de reparto hacia todos los puntos cardinales del país. El destino de los presos era diverso. Podían permanecer como detenidos, ser
enviados a canteras, a estancias, o a formar filas del mismo ejército que los había
atacado. Los documentos oficiales dan cuenta de que familias acomodadas de
Buenos Aires pedían mujeres y niños para trabajar en las tareas hogareñas e
incluso en el campo. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarca-
do en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Papazian, que también
forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio.
Explica que en 1890 ya no
quedaban indígenas en Martín García. El destino no daba muchas opciones:
Ejército o Marina, trabajo esclavo para empresarios, labores domésticas en casas
de familias o la muerte.
La provincia de Mendoza también supo de campos de concentración y trabajo
esclavo.
Diego Escolar investiga desde hace diez años lo sucedido con el Pueblo Huar-
pe y los prisioneros de las campañas militares. Investigador del Conicet en Men-
doza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, confirma que en la provin-
cia se concentraron grandes contingentes de personas que fueron repartidas en
estancias, en propiedades de los altos mandos militares y en las familias acomo-
dadas de la región. Casi siempre pasaban a ser trabajadores esclavos, condición
que padecieron hasta, al menos, la década de 1890.
En base a diarios de la época, partidas bautismales, memorias orales y
entrevistas de principios del siglo XX se establece que, entre 1879 y 1886, fueron
repartidos en Mendoza al menos 3.000 indígenas. Escolar y su equipo de
investigación –Leticia Sald y Carla Riggio– estiman que el número es mayor.
Los lugares de detención ya comprobados fueron al menos seis, ubicados en
los departamentos de Maipú, Malargüe, Santa Rosa, San Rafael, Rivadavia y en
la capital provincial.
Junín de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de
Patagones (Buenos Aires) y el barrio de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) también
contaron con campos de concentración, como los seis de Mendoza y el de la isla
Martín García. Allí eran confinadas familias enteras, sin diferencia de sexo y
edad. Su mayor crimen era ser indígenas y habitar un territorio preciado...”
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