En estos casos, dando clases en secundaria, es importante la vinculación entre los temas y el respeto a los criterios de otros, por ejemplo charlamos sobre una religíón que decide un nó rotundo a las transfusiones de sangre y nos basamos en los respetos a los criterios de otros, pero parece que los destinatario, no entendía el respeto al otro. A los meses, poco antes de terminar, cómo los conceptos ya habían sido tratados, solo hice tres preguntas, para saber si lograban relacionar lo estudiado. El grupo que siempre se oponía, porque su líder manifestaba una tendencia religiosa y un segundo se manifestaba machista, se dedicaron a los insultos frecuente, pero existió una niña que creyó que faltaba explicar el concepto, cuando sus compañeras, respondían aplicando los conceptos ya dados. El origen del problema se encuentra en la propia alumna, que no lograba relacionar sus faltas, con la falta de continuidad en el proceso. En otras palabras, por alguna razón creía que sus inasistencias se solucionaban con copiar una carpeta (que se encuentra sustentada en el sistema memorístico, por lo que se originó en una persona mayor, que no tiene la más mínima idea sobre el tema), cuando las carpetas no son lo importante, en cambio si lo es el trabajo diario. En otras palabras lo que se hizo en clases investigando y no el resumen escrito en la carpeta, que solo le sirve al que, efectivamente, lo escribió. Y de estás cuestiones se enseña poco en la escuela.
Construcción de ciudadanía en organizaciones sociales: propuesta de un marco analítico
María del Carmen Hernández Moreno*
Nehiby Alcántara Nieves**
*Investigadora titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD). Coordinación de Desarrollo Regional. Hermosillo, Sonora. Correo electrónico: mar@ciad.mx
**Estudiante de doctorado en ciencias en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD). Coordinación de Desarrollo Regional. Hermosillo, Sonora. Correo electrónico: nehiby.alcantara@gmail.com
RESUMEN:
La pérdida de legitimidad de las políticas neoliberales sembró un renovado interés en la ciudadanía, tanto por la inequidad en la redistribución de los bienes y los males de dicho régimen, como por el reconocimiento social de una diversidad de identidades particulares y de la coexistencia de distintos patrones de vinculación entre actores y prácticas sociales, que contribuyen a la construcción y ejercicio de determinados tipos de ciudadanía. Dada la relevancia conferida a las organizaciones sociales en los procesos de construcción de ciudadanía proponemos un modelo para analizar si en su seno se gestan tales procesos y qué tipos de ciudadanía promueven.
INTRODUCCIÓN
Hablar de ciudadanía es situarnos en un terreno de interpretaciones diversas, sobre un concepto de larga data en las ciencias jurídicas y políticas, tan antiguo como la misma polis griega y presente en la esencia de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. De estas últimas alcanza hasta mediados del siglo XX la concepción de una ciudadanía como estatus, otorgado por el Estado, que confiere ciertos derechos a los individuos. Esta perspectiva se mantiene incluso después de la posguerra, cuando sus ecos resonaron en la sociología, en cuyo caso se la consideró como un elemento capaz de aminorar las consecuencias del capitalismo. Sin embargo, no fue sino hasta las últimas décadas del siglo en cuestión que la ciudadanía tomó relevancia como categoría relacional y procesal, y empieza a operar como herramienta de empoderamiento y dominación, dictada por el contexto social, político y económico.
En esta tesitura, el tema de la ciudadanía comienza, paulatinamente, a tener voz propia y a tomar centralidad como pieza clave en el desarrollo de las naciones, configurándose así como un campo de estudio con agenda propia, de tal modo que el ejercicio y construcción de la misma se vuelve eje central en los debates académicos y políticos sobre una de las grades problemáticas sociales de finales del siglo XX: la generación de estrategias que permitan a los individuos, como a los ciudadanos del nuevo siglo, afrontar sus responsabilidades, en un modelo económico-político que exige participación, autogestión y auto-organización, particularmente en países emergentes, con una arraigada tradición de gobiernos autoritarios e intervencionistas (Isin y Turner, 2002; Isin, 2009; y Ortiz, 2014).
Cabe recordar que la implementación de la política económica neoliberal desencadenó una redefinición global de los roles y las relaciones entre el Estado, la sociedad y los agentes económicos en el mercado (Ortiz, 2009 y Tamayo, 2010). En palabras de Harvey (2007: 8), el neoliberalismo es una “teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, mercados fuertes y libertad de comercio”.
En la práctica, el modelo se concretó en una serie de ajustes estructurales, que en el terreno de la relación Estado-sociedad consistieron en la descentralización de los servicios públicos básicos de salud y de educación; la desregulación y flexibilización del empleo; y la focalización de los programas sociales (Barba, 2004; Valencia, 2008). En esta fórmula, el Estado, que desde la década de los cuarenta y hasta principios de los ochenta había estado presente en cada espacio de la vida social, económica y política, y como referente incuestionable de la provisión y vigilancia de los derechos en los países de Occidente, ahora tiene como función principal crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo estructural de la economía y su propia eficiencia (Harvey, 2007).
En cuanto a la sociedad, se busca debilitar en el ciudadano la lógica del asistido, sujeto de derechos sociales garantizados por el Estado, mediante la promoción de la participación ciudadana, la gobernanza y la autogestión (Ortiz, 2014). En todo caso, el fin último de la implementación de las políticas neoliberales fue “transferir a la sociedad en general, y a los beneficiarios de los programas en particular, responsabilidades, control y, eventualmente, poder efectivo” (BID/PNUD, 1993: 35).
Este discurso sobre la responsabilidad en la gestión de sí mismo y la reconfiguración de roles (Ortiz, 2014) colocó a la sociedad civil como actor estratégico en la promoción del desarrollo. La diversidad de formas organizativas, que dicho concepto alberga, involucró la defensa de derechos de grupos vulnerables, la provisión de servicios sociales y, en general, la atención a aquellos huecos dejados por la acción gubernamental (Alcántara, 2011).
En este mismo sentido, la pérdida de legitimidad de las políticas neoliberales, a raíz de sus limitados resultados en el bienestar social, incentivó un renovado interés por el estudio de la ciudadanía, para explicar la inequitativa redistribución de los bienes y de los males del régimen neoliberal, así como por el reconocimiento social de identidades particulares (Beck, 2002; e Isin y Turner, 2002). Temas que hasta entonces habían sido relegados al ámbito privado, sin cabida en las formas tradicionales de organización como los sindicatos y los partidos políticos, encontraron lugar en muchas de las nuevas organizaciones aludidas, que fueron politizándose de manera gradual.
Este proceso remite a la creciente complejidad de la matriz de relaciones sociopolíticas (Garretón, 2001, 2002 y 2006) y económicas, que da cuenta de la coexistencia de distintos patrones de vínculos entre actores, lo que incide también en una diversidad de prácticas sociales que contribuyen a la construcción y ejercicio de diferentes tipos de ciudadanía. Es decir, la ciudadanía como categoría relacional de empoderamiento o dominación es un proceso que se desarrolla en torno a vínculos. Éstos refieren a la relación entre dos o más actores que buscan influirse entre sí. A su vez, esta interacción genera un proceso de producción y reproducción de prácticas relacionadas con la democracia y la autonomía que determinan la manera como los individuos involucrados ejercen y construyen ciudadanía (Rodríguez, 2005; Zaremberg, De Federico, Ruíz et al., 2014).
Es en este esquema que se identifican al menos tres patrones de relaciones: uno clientelar-corporativo, derivado de la relación de los individuos con el Estado de bienestar, que ha propiciado la formación de una ciudadanía pasiva; otro de gobernanza, que tiene como referente principal la autogestión neoliberal y una ciudadanía activa; y uno al que Barkin y Lemus (2014) evocan como un sistema alternativo y que podemos identificar con lo que Beck (2002) denomina subpolítica y que refiere a una ciudadanía activista.
Comúnmente se relaciona a la ciudadanía pasiva con la membresía a organizaciones de base en condiciones económicas precarias, en un contexto de relaciones clientelares corporativas; y a la ciudadanía activa con organizaciones de la sociedad civil que mantienen una estrecha colaboración con los distintos órdenes de gobierno a través de mecanismos institucionalizados de participación ciudadana, en un contexto de gobernanza. A la ciudadanía activista se la vincula con la persecución de derechos no institucionalizados, a través de organizaciones alternativas que cuestionan los cimientos mismos del régimen neoliberal, en un contexto político de subsistemas que trascienden los canales institucionales (Beck, 2002: 144).
Más allá de caracterizar a las organizaciones sociales, podemos afirmar que en mayor o menor medida todos los patrones antes enunciados se encuentran inmersos en la vida organizativa. Por lo tanto, analizar a la ciudadanía implica trascender el estudio de los objetivos evidentes como las conquistas ciudadanas o la expansión de derechos como fin último, para profundizar en los procesos que se dan al interior de la organización, en la cotidianidad de los actores, donde se forjan esos vínculos de empoderamiento y dominación y donde potencialmente pueden concretarse prácticas relacionadas con la democracia y la autonomía de los participantes.
Con base en estas consideraciones, proponemos desarrollar un modelo analítico basado en la noción de ciudadanía como procesos relacionales, construidos por los sujetos a través sus vínculos, que derivan en una tipología de ciudadanos. Para tal efecto, la exposición se divide en cuatro apartados. El primero presenta los cambios a los que se expone la ciudadanía en la transición del Estado de bienestar al neoliberal; en el segundo se caracteriza a la ciudadanía y al ciudadano en el contexto actual; en el tercero se exponen los elementos conceptuales del modelo al analizar a los actores y vínculos fundamentales en la construcción de ciudadanía. Por último, se conjuntan los elementos para armar nuestra propuesta de modelo analítico, en tres niveles de análisis sugeridos por Montes de Oca (2014: 290) para sistematizar el estudio de una organización social: genealogía, morfología y dinámica.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732017000300099
